El cementerio de vehículos robados más grande del país

Testigos de asaltos, robos sistemáticos, transportes ilícitos y piezas claves en movidas rápidas y furiosas, varios kilómetros al norte de Lima yace el cementario de vehículos robados más grande del país. 

Unidades recuperadas por la Policía Nacional y que increiblemente nadie reclama desde hace 30 años. 

Son tres almacenes que mantiene la Diprove y el freno burocrático le impide deshacerse de sus inquilinos. Casi mil unidades en desuso cuyo espacio le cuesta a la policía más de 12 mil soles al mes por una norma que no se cumple. 

Grandes, chicos, completos y en parte, uno sobre otro y algunos inservibles, de alta gama y media caña aquí todos tienen una historia que contar. 

Estos vehículos robados descansan en estos almacenes ubicados en San Martín de Porres y Ventanilla que le cuesta a la PNP dinero que bien podría servir para mejoras urgentes en la institución. 

Por este espacio, la autoridad policial gasta entre 10 mil o 12 mil soles mensuales. Más allá del gasto, el problema es el espacio. 

Hay vehículos robados con placas clonadas, con números de serie distintas y otras perlas que la Diprove mantiene y nadie sabe hasta cuándo. 

"El primero permanece en la Diprove de lograr entregárselo a su legítimo propietario. Si la entrega demora por una disposición judicial ya permanece mucho tiempo en la unidad lo trasladamos a uno de nuestros depósitos", explicó el Coronel José Zavala Chumbiaca, jefe de la Diprove.

El colapso de estos depósitos no son solo ejemplo de indiferencia, esto impide que los vehículos sean trasladados hasta este lugar mientras duran las investigaciones.

Según Decreto Legislativo 1214 menciona que "los vehículos al final de su vida útil serán sometidos a un tratamiento técnico con la finalidad de disponer de los residuos, productos, material, elementos, sustancias y otros derivados". 

Asimismo, indica que "el tratamiento técnico posibilita el reciclado de los materiales y residuos o la eliminación misma del vehículo" y que debe realizarse en establecimientos especializados.

"Todos estos vehículos se encuentra judicializados, todo se dio cuenta al Ministerio Público, al Poder Judicial y estamos, por el tiempo transcurrido, recopilando la información legal, necesaria para poder proceder desde una cantidad de años para atrás donde esos vehículos no serán recuperados", comentó la autoridad policial. 

En las disposiciones complementarias deja la tarea de elaborar un proyecto de reglamento nacional para vehículos al finalizar de su vida útil en manos de las carteras del MTC, economía, ambiente, justicia, producción e interior. 

En Ventanilla permanecen inertes 826 vehículos y 89 motos, en San Martín de Porres dos depósitos excedieron su capacidad. En el primero se tiene 10 vehículos y 87 motos: mientras que en el segundo hay 36 vehículos y 26 motos. 

Es necesario que se reactive la mesa de diálogo entre el Ministerio del Interior y diferentes carteras para evitar la contaminación en la zona. 

Un deshuesadero autorizado para residuos sólidos, eliminar la enumeración serial de estos vehículos ante la Sunarp y aliviar la carga de unidades en la Diprove son otras tareas pendientes. 

La división policial reúne pruebas fundamentar ante las autoridades involucradas que se necesita una solución urgente. No solo es de respetar la norma, también modificarla acorde a los nuevos tiempos para hacer frente a la contaminación ambiental, al mercado negro y la desidia de funcionarios que no funciona.