Nadine Heredia: Fiscal halla delitos en adjudicación del proyecto Gasoducto Sur
La Fiscalía considera que Nadine Heredia fue un elemento central, que usó el poder que tenía a su favor y que puede ser procesada por el delito de colusión agravada
Cuarto Poder accedió a un documento de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en la que dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra Nadine Heredia y otros presuntos responsables de los delitos de colusión, asociación ilícita para delinquir en el caso Gasoducto Sur.
Según la investigación, Humala y Heredia lideraron una organización criminal integrada por funcionarios públicos de su entorno más cercano durante el período 2011 – 2015. Ocupan el primer nivel de la organización, responsable de la toma de decisiones y líneas de acción de los demás miembros de la misma.
El segundo nivel de la organización está conformado por el exministro de Economía, Miguel Castilla; el exministro de Energía y Minas, Jorge Merino; el exministro de Transportes, Carlos Paredes Rodríguez; el exministro de Vivienda, René Cornejo y el exministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga Alba; personas de confianza designadas para tener injerencia directa en los procesos de contratación de Proinversión.
A ellos se les imputa, como miembros del Consejo Directivo de Proinversión, haber tenido la función de promover las condiciones favorables para que los procesos de contratación a cargo de esa entidad se lleven a cabo según los objetivos de la organización liderada por los Humala - Heredia.
Y en un tercer nivel, los miembros del Comité de Proseguridad Energética de Proinversión, Edgar Ramírez Cadenillas, Gustavo Navarro Valdivia y María Patiño Marca; y el jefe de proyecto de Proinversión, Luis Sánchez Torino.
La Fiscalía los incluye como parte de la organización criminal liderada por los Humala – Heredia y los considera funcionarios públicos pese a que no trabajaban para el Estado. El Ministerio Público les imputa el delito de colusión agravada.
Jorge Barata y Rodney Carvalho declararán en Brasil el 10 y 11 de marzo y según la Fiscalía, “se valorará la utilidad de la información que proporcione la empresa Odebrecht, así como los funcionarios que se encuentran protegidos por el acuerdo”.
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