Carlos Zeballos: No podemos gobernar el país desde una clínica
El congresista dijo que con las evidencias necesarias podrán elaborar una moción de vacancia. Agregó que la presidenta debió solicitar una suspensión temporal y avisar al Congreso
El integrante de la Comisión de Fiscalización, Carlos Zeballos, dijo que habría una posible infracción constitucional y conflicto de intereses en torno a la cirugía de la presidenta de la República, Dina Boluarte.
En diálogo con Canal N, el congresista explicó que, si un jefe de Estado se somete a una intervención quirúrgica que lo incapacita para gobernar, debe comunicarlo al Congreso para que se tomen las decisiones necesarias.
Al respecto, señaló que sí la presidenta no informó sobre la cirugía ni solicitó una suspensión temporal de funciones según lo estipulado en el artículo 114 de la Constitución podría considerarse una infracción constitucional, ya que esto habría dejado al gobierno sin liderazgo durante el periodo de recuperación.
Agrega una falta al artículo 128, que implica la responsabilidad solidaria de los ministros de Estado en las acciones gubernamentales.
Adicionalmente, el legislador indica que la presidenta Dina Boluarte no puede gobernar desde una clínica o durante convalecencia sin seguir los procedimientos establecidos.
Por otro lado, Zeballos menciona la presunta relación del cirujano que le realizó la operación, el Dr. Mario Cabani, con la presidenta ejecutiva de EsSalud, María Elena Aguilar, también ha levantado sospechas de tráfico de influencias.
En esa línea, remarcó que esto abre la puerta a investigar si hubo algún tipo de favorecimiento en los contratos de EsSalud, con la ONG del médico o si se trató de un conflicto de intereses.
Vacancia contra Dina Boluarte
En cuanto a la posible vacancia presidencial, el parlamentario dijo que se está evaluando la posibilidad de presentar una moción, pero se necesita recolectar evidencias claras.
Esto incluiría determinar si efectivamente la presidenta estuvo ausente por varios días sin haber dejado un encargado adecuado o si se incumplieron los procedimientos constitucionales, lo cual podría derivar en una investigación más profunda y en la eventual toma de decisiones como una denuncia constitucional.
En ese sentido, el integrante de la comisión de fiscalización pide al Congreso que le otorgue al grupo de trabajo la facultad de seguir investigando y recolectando pruebas.
Carlos Zeballos precisó que para citar a la presidenta o acceder a documentación sensible, como su historia clínica, la Comisión de Fiscalización requiere facultades de comisión investigadora, que deben ser aprobadas por mayoría simple (66 votos) en el Congreso.
Posteriormente, apuntó a que las revelaciones como las del ex primer ministro Alberto Otárola podrían implicarlo en responsabilidades constitucionales (artículo 128), especialmente si se demuestra que estaba al tanto de los hechos y no actuó para regularizar la situación.
Citaciones
Reiteró que se planea citar nuevamente a involucrados, como el cirujano Cabani, la presidenta ejecutiva de EsSalud quien reprogramó su participación. Ahora sumó al jefe de prensa de la presidenta en ese momento, para esclarecer las circunstancias de los hechos.
Finalmente, el congresista subrayó que, de aprobarse la moción de comisión investigadora, se tendría un plazo de 60 días hábiles para emitir un informe final, posiblemente a fines de marzo de 2024.