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21.11.2018

Caso Alan García: Cancillería entregó a Uruguay documentos sobre pedido de asilo

Alan García pidió asilo político a Uruguay. Foto: El Comercio

Nota sobre pedido de Alan García recalca que en el Perú impera la democracia y que no existe persecución política de ningún tipo  

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó hoy al embajador de la República Oriental de Uruguay, Carlos Barros, a fin de hacerle entrega de una Nota Diplomática sobre la solicitud de asilo diplomático presentada por el expresidente del Perú, Alan García Pérez.

La Nota recalca que en el Perú impera la democracia, el Estado de derecho y la separación de poderes, así como la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales. Puntualiza que en nuestro país no existe persecución política de ningún tipo. Asimismo, precisa que el Poder Judicial y el Ministerio Público han actuado en el caso del exmandatario García con respeto estricto al debido proceso y a todas las garantías de la administración de justicia.

La comunicación oficial peruana resalta que el Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”, adoptado por aclamación durante la Cumbre de las Américas celebrada en Lima en abril de 2018, recoge el compromiso de los países de América, entre ellos Uruguay y Perú, de adoptar las medidas necesarias para luchar contra la corrupción y de cooperar en esa tarea, habiéndose acordado de manera expresa respetar la autonomía de las instituciones que investigan posibles casos de corrupción.

La Nota también señala que Uruguay y el Perú son parte de la Convención Interamericana contra la corrupción de 1996, cuyo objetivo es precisamente fortalecer los mecanismos anticorrupción para defender a las instituciones democráticas de sus efectos corrosivos.

A fin de que el Gobierno de la República Oriental del Uruguay cuente con todos los elementos objetivos que le permitan un análisis completo de la situación legal del expresidente García, la Nota entregada está acompañada de un documento explicativo elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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