Cae banda criminal que extorsionaba a empresa de transportes
Los Gatilleros de Roma se dedica a extorsionar a empresas de transporte público, exigiendo entre 10 y 15 soles diarios por unidad
La Policía ha identificado a Daniel Hans Salazar Martínez, alias Marco Aurelio; Luis Florencio Romero Martínez, alias Máximo; y Ana Bertha Martínez, alias Anabela, como los presuntos responsables de los ataques y extorsiones contra la empresa de transporte Consorcio Roma, que opera en la ruta entre los distritos de San Juan de Lurigancho y Ventanilla, en Lima, Perú.
Estos tres sujetos serían miembros de la banda criminal conocida como Los Gatilleros de Roma, que se dedica a extorsionar a empresas de transporte público, exigiendo entre 10 y 15 soles diarios por unidad a cambio de “protección”.
Ataques a empresa de transporte
El caso tomó relevancia el 17 de septiembre, cuando la empresa Consorcio Roma suspendió sus operaciones tras un ataque a balazos en su patio de maniobras en la zona de Mariátegui, San Juan de Lurigancho, que dejó a un chofer herido.
Durante la captura, Daniel Salazar Martínez intentó disparar contra un suboficial de la Policía, pero su arma falló debido a que la bala se atascó en el revólver.
A pesar de su peligrosidad, Daniel Salazar ya había sido captado por cámaras de seguridad disparando contra una casa en San Hilarión Alto en agosto de 2023; sin embargo, fue liberado en su momento por un juez, quien determinó que no había pruebas suficientes para imputarle un delito de homicidio en grado de tentativa, ya que no portaba armas al momento de su captura.
Armas incautadas
La estructura criminal dentro de la banda parece tener un carácter familiar. Ana Bertha Martínez, madre de Daniel Salazar, también ha sido arrestada junto a su hijo y a Luis Florencio Romero. Durante la intervención policial, se incautaron armas, fotos de los buses de la empresa Roma, y una hoja con la inscripción “plata o plomo”, lo que refuerza la teoría de la Policía de que esta organización extorsionaba a más empresas de transporte.
Ahora, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial tendrán que decidir si se otorga libertad o prisión preventiva a los detenidos mientras avanza la investigación.