Presidenta de la ATU sobre ley de colectiveros: Generaría un grave retroceso para el sistema de transporte público

El reciente proyecto de ley sobre la reforma del sistema de transporte público ha generado una fuerte controversia debido a su débil regulación y la inexistente potestad fiscalizadora y sancionadora.

Marybel Vidal, presidenta de la ATU, indicó que la denominación de 'servicio privado de transporte especial' contraviene varias normativas vigentes, como el Reglamento Nacional de Tránsito y la Ley de Creación de la Autoridad de Transporte Urbano. 

En esa línea, mencionó que el principal problema radica en que el proyecto no define claramente qué constituye un 'servicio especial' o un 'servicio privado de transporte especial'.  

Esta falta de definición abre la puerta a la informalidad en el sector, permitiendo que cualquier operador pueda prestar servicios sin una adecuada fiscalización.

Asimismo, remarcó que esto no solo afectaría al servicio de taxi, sino también a otros servicios de transporte, como el de carga interurbana. 

Además, la débil regulación propuesta genera inseguridad tanto para los conductores como para los pasajeros. Se ha evidenciado que muchos accidentes de tránsito son causados por el transporte informal, y esta nueva normativa podría agravar la situación al incentivar prácticas informales. 

Envió observación del proyecto al MTC

La Autoridad de Transporte Urbano ha presentado una observación formal al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, subrayando que el proyecto de ley contraviene las normativas actuales.  

La entidad ha señalado que todo servicio de transporte con contraprestación debe considerarse servicio público, y que la falta de definición en la ley podría vulnerar los requisitos establecidos para el transporte formal.

Finalmente, Marybel Vidal subrayó que este proyecto de ley podría significar un grave retroceso para el sistema de transporte público, al abrir la puerta a la informalidad y generar inseguridad en el sector.

Gerardo Hermoza, vocero del Corredor Morado, se pronuncia 

En diálogo con Canal N, señaló que esta medida podría incrementar los tiempos de viaje de los usuarios en unos veinte a veinticinco minutos por sentido, además de incentivar la operación de unidades que no pagan impuestos, afectando la competitividad de aquellos que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.  

La falta de un cronograma claro por parte de la autoridad y la ausencia de diálogos con la Comisión de Transportes han generado preocupación entre los concesionarios, quienes advierten que iniciarán acciones para proteger sus contratos si la ley es aprobada.  

Además, comentó que Lima se enfrenta a problemas de calidad de aire, ocupando el quinto puesto a nivel mundial en este aspecto, lo que se agravaría con la política actual de permitir la operación de vehículos viejos.

Hermoza espera que el nuevo presidente, a ser elegido el 18 de junio, aborde estas problemáticas con un enfoque más integral y sostenible.