Aníbal Quiroga insta al Ejecutivo a mejorar la Ley 32181

Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, abordó la ley 32181, que permite que personas de 80 años a más condenadas podrían pedir arresto domiciliario o su libertad.  

En diálogo con Canal N, indicó que el concepto de esta ley busca que estas personas no representen un peligro para la sociedad, pero considera que algunos de los delitos graves, como homicidios, sicariato, extorsión y terrorismo, podrían seguir siendo peligrosos incluso en personas mayores. 

Al respecto, Quiroga plantea la posibilidad de que la ley sea revisada por el Tribunal Constitucional si se considera inconstitucional.

Asimismo, destaca que el Ejecutivo debería revisar y posiblemente corregir la ley sobre personas mayores de 80 años antes de su promulgación, ya que “el remedio podría ser peor que la enfermedad si no se tiene cuidado”.

“Esto se aplicaría a las personas que están condenadas de manera definitiva. Habría que revisar los supuestos porque la idea es que una persona mayor de 80 años ya no representa un peligro para la sociedad”, manifestó. 

"El Ejecutivo puede plantear mejoras a esta ley antes de promulgarla, debería hacerlo, porque la idea es que una persona de 80 años que ha tenido una larga carcelería no representa un peligro para la sociedad”, apuntó. 

Caso del general Juan Rivero Lazo 

También se aborda el caso del general Juan Rivero Lazo donde el abogado constitucionalista menciona que su liberación no está vinculada con esta ley. 

Precisó que fue producto de un fallo previo del Tribunal Constitucional que corrigió una injusticia por excesiva acumulación de penas.

Acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht 

Por otro lado, Aníbal Quiroga apoya la decisión del Tribunal Constitucional de ordenar la publicación del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, argumentando que los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se gastan los recursos públicos. 

“Al país le ha hecho mucho daño mantener en secreto acuerdo entre Fiscalía y Odebrecht. Es un derecho fundamental de todo ciudadano tener acceso a la información pública. Este acuerdo debería haber sido hecho público hace rato”, expresó.

También menciona su preocupación sobre la ley de extinción de dominio, que permite la confiscación de bienes producto de delitos, pero que podría afectar injustamente a personas inocentes que sean absueltas, lo que podría ser un abuso.

“Ha sido, en algunos casos, de excesos y abuso. Una confiscación de bienes pasa al Estado sin un proceso de expropiación entonces acá tenemos una coalición entre la necesidad de luchar contra la delincuencia y la de proteger la propiedad que está prevista en la Constitución”, sostuvo.