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25.04.2022

Alejandro Toledo: Corte de Justicia de California denegó habeas corpus para evitar su extradición a Perú

Alejandro Toledo: Corte de Justicia de California denegó habeas corpus para evitar su extradición a Perú

Juez consideró que la justicia peruana debe decidir si es culpable de los delitos que se le imputan.

La justicia de Estados Unidos denegó el habeas corpus presentado por la defensa de Alejandro Toledo, por el cual se solicitaba que el expresidente peruano no sea extraditado al Perú

El juez Laurel Beeler, de la Corte de California, en su resolución, consideró que corresponde a la justicia peruana decidir, en función a las evidencias que existan, si el exmandatario debe o no cumplir prisión. 

"Conforme a la norma aplicable, las confesiones del peticionario y el testimonio de Barata y Maiman proporcionan motivos razonables para determinar que el peticionario participó en el esquema de soborno y cometió colusión y lavado de dinero", señala el magistrado. 

"Corresponde a un tribunal peruano evaluar las defensas del peticionario, sopesar la credibilidad del testimonio de los testigos y, en última instancia, decidir si las pruebas son suficientes para condenarlo (...) Por las razones expuestas, el tribunal deniega la solicitud de recurso de habeas corpus", agrega. 

Como se sabe, el 28 de setiembre de 2021, el juez de Estados Unidos Thomas Hixson decidió que Toledo puede ser extraditado, al haber hallado pruebas suficientes que justifican la repatriación solicitada por el gobierno peruano. 

Un día después, Toledo informó que su defensa pediría un habeas corpus a la justicia estadounidense, lo que, en teoría, podía retrasar e incluso evitar su extradición a Perú. El habeas corpus, según explicó aquella vez, ponía en duda las condiciones de su detención y la preservación de su derecho de defensa. 

Era el único recurso legal de que disponía el mencionado expresidente, debido a que la sentencia del juez Hixson no puede ser apelada. 

Cabe recordar que Toledo es procesado por la justicia peruana por presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias por haber recibido, presuntamente, una coima de 35 millones de dólares de la empresa Odebrecht para favorecerla con la licitación de la carretera Interoceánica. 

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