Alejandro Soto: La ley que le sirvió para evitar una pena de más de ocho años de cárcel

Era viernes 21 de julio. Apenas faltaban cinco días para la elección del nuevo presidente del parlamento y Alejandro Soto de Alianza para el Progreso, una de las cartas con más opciones de ganar, estaba sentado en el banquillo de los acusados en un tribunal de justicia.

Lo que nadie sabía es que mientras en Lima corrían las negociaciones, Soto Reyes era enjuiciado en Cusco por el delito de estafa.

En esta audiencia virtual, Alejandro Soto se jugaba su futuro legal y político. La Fiscalía pedía 8 años y 8 meses de cárcel para, en ese momento, el candidato favorito a presidir la mesa directiva.

Si esa mañana quedaba instalada la etapa del juicio oral, Soto se iba a enfrentar a una muy posible condena, pero si lograba la prescripción del delito, quedaba en total libertad y con el camino libre para convertirse en presidente del segundo poder del Estado. El equipo de abogados, entonces, sacó la carta que tenían guardada bajo la manga.

Soto Reyes y los otros acusados, en ese momento procesados por cometer varios delitos en contra de la empresa de transportes turísticos Waynapicchu, buscaban acogerse a una ley aprobada el pasado 11 de mayo en el parlamento con el respaldo de 88 congresistas, entre ellos el mismísimo cusqueño Alejandro Soto. 

Se trataba de una ley que modificó el código procesal penal y cambió los plazos de la suspensión de la prescripción de los delitos.

Cada delito tiene un plazo determinado de prescripción. Esto significa que si el acusado no es condenado en ese plazo, queda libre de toda culpa. Pero la autoridad podía pedir suspender ese plazo por un tiempo determinado de acuerdo a cada tipo de delito, y así evitar que los procesos judiciales queden impunes.

Ahora, con la ley aprobada en el Congreso, que apoyó Soto y otros 87 legisladores, sólo se puede suspender la prescripción por un plazo máximo de un año, cualquiera sea el delito. Eh aquí el beneficio para todos los congresistas investigados, incluido el propio Soto Reyes. 

Con la ley anterior, el delito de estafa imputado en dos hechos a Soto debía prescribir en octubre de 2027, pero basándose en la nueva ley, el juez determinó que el caso de estafa prescribió en octubre de 2022, 5 años antes. Así, Soto pudo librarse de todas las acusaciones en su contra y cerrar el proceso sin tener que rendirle cuentas a la justicia.

Para llegar a esta favorable situación, Alejandro Soto, sin embargo, tuvo una carrera contra el reloj en el Congreso. El 13 de enero de 2023, se presentó el proyecto de ley que modificaba el plazo de prescripción suscrito por varios grupos parlamentarios. El 17 de enero la iniciativa legislativa pasó a la comisión de Justicia para su aprobación y dictamen. El 13 de marzo la comisión de Justicia presidida por Américo Gonza de PL, aprobó por mayoría el dictamen.

El 24 de marzo con la firma de Alejandro Soto, entonces vocero de la bancada de Alianza por el Progreso, la junta de portavoces acordó incorporar a la orden del día, la ley que libraría de una posible cárcel al mismo Soto.

El 13 de abril se aprobó en primera votación la ley que caía como anillo al dedo a Soto, pero la congresista Ruth Luque planteó una reconsideración de la votación.

El 11 de mayo la mayoría y con el voto de Soto, se opuso a la reconsideración planteada por Luque.  

Pese a todo, ese mismo día, se hizo una segunda votación y se aprobó el dictamen con 88 votos, entre ellos el de Soto Reyes.

El 25 de mayo, el diario El Peruano publicó la norma. Y el 21 de julio el juez Carlos Román Gil aplicó la ahora llamada ley Soto a favor de Alejandro Soto Reyes, librándolo de la acusación por estafa y falsedad genérica, y del pedido de cárcel de 8 años y 8 meses.

Hoy la empresa en la que Soto trabajó como asesor legal y lo acusó de estafar y falsear información, exigirá un juicio oral para el pago de la reparación civil, que se calcula en más de 300 mil soles.