Alejandro Muñante sobre unión civil: Es inconstitucional

Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, se mostró en contra del predictamen aprobado en la Comisión de Justicia sobre la unión civil.  

En declaraciones a la prensa, el parlamentario plantea una crítica desde el enfoque de su constitucionalidad y la forma en que se está manejando el proceso legislativo.

Desde su posición, Muñante señala que este proyecto propuesto por su colega Alejandro Cavero vulnera la Constitución Política del Perú, específicamente los artículos 4 y 5, y debió ser tramitado como una reforma constitucional en lugar de una norma “infraconstitucional”.

En esa línea, cuestiona que el predictamen introduce que la unión civil entre personas del mismo sexo, tenga derechos patrimoniales y sucesorios similares, lo que considera que estaría en contradicción con el texto constitucional.

Menciona el procedimiento adecuado para implementar esta figura legal sería una reforma constitucional, como lo ha indicado el Tribunal Constitucional en fallos anteriores (por ejemplo, en los casos Ugarteche y Susel Paredes).

El congresista enfatiza que cualquier legislación que contradiga la Constitución debe respetar el conducto regular, independientemente de si la propuesta genera consenso o rechazo en términos ideológicos o sociales. 

Descarta fundamentos religiosos 

Alejandro Muñante descarta que su oposición no radica en el fondo del proyecto, sino en la forma en que este se está gestionando dentro del marco legislativo.

Niega que su objeción no tiene fundamentos religiosos ni está basada en prejuicios sobre el contenido del proyecto, sino en el marco legal y constitucional. 

Acciones futuras 

Si el pleno del Congreso aprobara este proyecto de ley, el congresista sugiere que podrían explorar caminos legales, como una demanda ante el Tribunal Constitucional, para cuestionar la norma por infracción constitucional. 

Finalmente, Muñante confía en que, durante el debate en el pleno, se pueda hacer comprender a otros congresistas la necesidad de tramitar el tema de forma constitucionalmente correcta.