Alberto Fujimori: Tras su liberación, enfrenta un pedido de 25 años de prisión por el caso Pativilca

De la mano del último de sus hijos, a las 6 y 23 de la tarde del pasado 6 de diciembre – con 85 años mascarilla y una cánula nasal –, Alberto Fujimori salió, una vez más, en libertad.

Abrazó a su hija Keiko con paciencia; luego, a su hijo Kenji, quien llevaba consigo un tanque de oxígeno que ayuda a respirar al expresidente. Mientras ambos hijos se enjugaban las lágrimas, Alberto Fujimori saludaba a su nuera Ericka y se despedía - quién sabe si por última vez - de los trabajadores del INPE.

Más allá de cualquier sentimiento, era claro que el patriarca de los Fujimori quería irse lo antes posible de ahí. Sus reflejos, quizá los del animal político en que supo convertirse, le ayudaron a esquivar un golpe en el rostro antes de continuar con los reencuentros y los últimos adioses en el penal de Barbadillo.

Una camioneta plateada, que alguna vez le perteneció a su exesposa Susana Higuchi, trasladó a Alberto Fujimori a las calles de Ate, atiborradas a esa hora de la tarde por fanáticos que iban en procesión tras la caravana de vehículos.

Esta comitiva de admiradores albertistas estuvo en las afueras del penal de Barbadillo desde la víspera, día en que el Tribunal Constitucional le dio luz verde a la liberación del expresidente.

Lo que no se sabía era la hora en que los trámites de ley permitirían la excarcelación de Alberto Fujimori, tensión que se avivaba cuando camiones de carga llegaban a la sede de la Diroes para llevarse las pertenencias del reo indultado.

Amigos de siempre y escuderos de antaño llegaban para saludar a Fujimori. Congresistas de la bancada, cuyo partido lidera hoy su hija Keiko, también se hicieron presentes.

La salida, por una falla administrativa, se postergó para el miércoles 6 de diciembre. Ese día – desde muy temprano – seguidores del fujimorismo comenzaron a llenar el pequeño espacio fuera de la Diroes.

Pero la espera se prolongaría todo el día. Recién cerca de las 2 de la tarde, Keiko y Kenji – los hijos más mediáticos de Alberto – saldrían desde San Borja con destino a Ate para traer de vuelta a su padre: una escena improbable hace solo cinco años.

Cuando llegaron a Barbadillo – avasallados por la euforia de las transmisiones en vivo y todos los vítores de los simpatizantes – comenzaría el pequeño vía crucis de Kenji Fujimori, al que lo carcomía la ansiedad en el patio interior colindante con el penal.

Allí lo acompañaban algunos congresistas; entre ellos, Rosángela Barbarán y el parlamentario andino Luis Galarreta. Sin embargo, Kenji Fujimori se apartaba constantemente del grupo para averiguar por qué demoraba la salida de su padre. Su esposa Ericka y el celular, que tenía señal pese a estar fuera de un penal, lo distraían en una avejentada caseta que usaba como guarida; caminaba y se sentaba en los zócalos para despejar la mente. El ritual duró cerca de dos horas, hasta que se ordenó el despliegue propio de una excarcelación.

Kenji a su derecha y Keiko a su izquierda, flanqueaban a Alberto Fujimori en la parte trasera de la camioneta, que iba muy despacio en medio de la marea humana.

La caravana llegó una hora después al distrito de San Borja, a la casa que antes fue de Susana Higuchi, donde hoy vive su hija Keiko, y que, desde el pasado miércoles, se convirtió en el nuevo hogar de Alberto Fujimori.

Imágenes publicadas por los Fujimori muestran al patriarca rodeado por el cariño de sus nietas Kyara y Kaori. Keiko y Kenji, quienes durante un tiempo se enfrentaron por el indulto de Alberto, no solo se tomaron fotos, sino que dieron juntos un mensaje frente a las cámaras que aguardaban en los exteriores de la residencia.

Este mensaje que vino acompañado de un abrazo entre hermanos no es casual. Remite al año 2017, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió el indultó humanitario a Alberto Fujimori.

Sin embargo, esta aparente muestra de paz inició una serie de enfrentamientos políticos que continúan hasta la actualidad.

Y es que el indulto tuvo más de político que de humanitario. Por entonces, el ala ‘keikista’ de la bancada fujimorista pretendió vacar a PPK, quien se salvó con los votos en abstención de Kenji Fujimori y otros nueve disidentes naranjas, grupo que se hizo conocido como los ‘Avengers’. La ficha de cambio se hizo notar a los pocos días, cuando se decretó el indulto en favor de Alberto Fujimori, quien junto con su hijo Kenji volvió a las calles en enero del 2018.

Para la defensa de los deudos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, el mismo origen del indulto a Fujimori es ilegal.

A Alberto Fujimori se le contabiliza prisión efectiva desde el año 2007, cuando comenzó su juzgamiento por las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta perpetradas por el grupo Colina, escuadrón de aniquilación extrajudicial que su gobierno avaló en la década de los noventa.

Por estos hechos, como autor mediato de homicidio calificado, y otros delitos más, Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión. El decreto de PPK lo libró de la pena, pero en mayo del 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció medidas contra el indulto, lo que provocó que la Corte Suprema anule la medida en octubre del 2018.

Alberto Fujimori retornó a la prisión de Barbadillo en enero del 2019. Pero la maquinaria para liberarlo iba a tener otra oportunidad.

Esta llegó desde la calurosa Ica en abril del 2020, cuando el hasta entonces desconocido abogado Gregorio Parco presentó un hábeas corpus en favor de Alberto Fujimori. Tres años después, la vida de Parco no ha cambiado mucho. Su estudio jurídico es un rincón al fondo de una discreta oficina multiservicios. 

El hábeas corpus, en marzo de 2022, fue finalmente declarado fundado por el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, Alberto Fujimori no salió libre aquella vez. La Corte de Derechos Humanos – con sede en Costa Rica – le enmendó la plana a la justicia peruana. Pero los defensores de Fujimori no vieron esto como una puerta totalmente cerrada: argumentaron que había dos sentencias, una nacional y la otra supranacional, y le pidieron al TC que aclare cuál tenía más valor. De esa manera, se emitió la resolución del TC del último 28 de noviembre donde se ordena al juez que vio el pedido inicial de hábeas corpus que resuelva la materia.

En Ica, el juez Vicente Fernández se encontró de pronto con una brasa encendida entre manos.

El 1 de diciembre, el juez de Ica se declaró incompetente para tomar una decisión y remitió los actuados al Tribunal Constitucional, organismo que se compró el pleito y en una decisión que a la fecha no tiene consenso entre especialistas ordenó liberar a Fujimori.

El Tribunal Constitucional actualmente está formado por seis magistrados. Sin embargo, solo cuatro discutieron y votaron por la decisión final de liberar a Fujimori, que fue respaldada por apenas tres miembros del TC, quienes al ordenar que se restituya el indulto humanitario dado por PPK no tomaron en cuenta la resolución de la Corte de Derechos Humanos.

Se espera que la Corte Interamericana active todos sus mecanismos para que el Perú adecúe sus sentencias a la legislación internacional. Pero, aunque el gobierno de Dina Boluarte afirma que es respetuoso del derecho supranacional, en la práctica somos un estado rebelde. Así las cosas, veremos qué pasa primero: si el Perú revierte el indulto en concordancia con la Corte, o si el Sistema Interamericano de Derechos Humanos toma medidas contra nuestro país.

Lo siguiente para la defensa de Alberto Fujimori es anular la sentencia por los casos La Cantuta y Barrios Altos. Buscarán que, una vez más, el Tribunal Constitucional cuestione la figura de la autoría mediata. El abogado Elio Riera ha declarado que busca limpiar por completo el nombre de su patrocinado como responsable de estas matanzas.

Desde la otra orilla, los deudos de los asesinados en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta seguirán buscando que Alberto Fujimori vuelva a prisión y cumpla sus 25 años de condena.

Tardaron más de 15 años para que haya justicia para sus muertos, y sienten que el fallo del TC atenta contra la memoria de las personas asesinadas.

Alberto Fujimori está a puertas de ser juzgado por la matanza de Pativilca, perpetrada también por el Grupo Colina.

También se le reclama el pago totalmente incumplido de los 57 millones de soles de deuda por reparaciones civiles.

Un hombre que llegó a la presidencia como outsider y que en más de 30 años no ha dejado de ser, para bien o mal, protagonista de excepción de nuestra política. Un honor o una maldición, dependiendo del cristal con que se lo vea.