Alan García: ¿cómo se excluyó al expresidente del informe final Lava Jato?
Expresidente Alan García no está incluido en el informe final de la comisión Lava Jato
Este miércoles 31 de octubre, el Pleno del Congreso iniciará el debate del informe final de la comisión Lava Jato, el grupo de trabajo que ha investigado los presuntos sobornos y coimas que recibieron funcionarios públicos por parte de empresas brasileñas como Odebrecht. Un informe de más de mil páginas y que aborda 11 proyectos de infraestructura pública en el país.
Según Jorge Barata, Odebrecht pagó más de 8 millones de dólares a funcionarios del ministerio de Transportes durante el segundo gobierno de Alan García para obtener la adjudicación del proyecto. El entonces viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, y el miembro del Comité de Selección, Edwin Luyo, habrían recibido este dinero, que fue depositado en cuentas de empresas offshore, constituidas por ellos, en la Banca Privada de Andorra.
A comienzos de setiembre, la comisión Lava Jato puso en discusión un informe inicial sobre las irregularidades encontradas y los presuntos sobornos que se pagaron a funcionarios del Gobierno de Alan García por esta obra. El informe, al que tuvo acceso Cuarto Poder, era bastante duro con el expresidente.
El informe señalaba en sus conclusiones que Alan García habría incurrido en infracción constitucional. Según el texto, había infringido los artículos 118 de la Constitución referida al cumplimiento de los tratados, leyes y disposiciones legales por parte del presidente de la República. A su vez, los artículos 6 y 7 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública que demanda en el funcionario probidad y neutralidad.
Sin embargo, esto no apareció en las conclusiones de este primer informe, donde se imputaba al resto de involucrados, entre los que figuraban Enrique Cornejo, Cuba Hidalgo y Luyo, la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir. Esto lo hizo notar el congresista Víctor Andrés García Belaunde, quien recalcó que la prescripción no aplicaba para García ya que, según el Código Penal, este plazo se duplica en el caso de funcionarios públicos que atentan contra el patrimonio del Estado. Esto se sometió a votación y García Belaunde perdió.
De esta manera, con los votos del fujimorismo y el aprismo, el expresidente García fue excluido de responsabilidad penal alguna, prescrita o no, en el informe sobre la Línea 1 del Metro de Lima. Semanas después, la comisión aprobó el texto final donde solo se le atribuía las infracciones constitucionales ya señaladas.
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