Abogado de Harvey Colchado planteó que Fiscalía denuncie por tráfico de influencias agravada a la presidenta

La defensa legal del coronel Harvey Colchado planteó que el Ministerio Público presente una eventual acusación contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de tráfico de influencias agravado tras la revelación de la Unidad de Investigación de América Noticias y Canal N respecto a que la jefa de Estado habría autorizado cuestionados nombramientos a solicitud de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, para estrechar vínculos, según la versión de un colaborador eficaz.

"Obviamente, estamos bajo una lógica de tráfico de influencias frente a una situación en la que la conducta delictiva se hace puntual, no solo específica, sino sistemática y constante, desde la perspectiva del uso del poder para los efectos de la negociación, componendas e intercambios. Creo que el fiscal de la Nación tiene las mejores intenciones. ¿Tráfico de influencias? Así es, y agravado, además", argumentó Miguel Pérez Arroyo.

En entrevista a Octavo Mandamiento, el abogado de Harvey Colchado sostuvo que el presunto delito que habría cometido la presidenta se sustenta ante un escenario en el que "funcionarios intercambian favores a cambio de beneficios como la impunidad y, obviamente, otra que se pudiera descubrir".

Es preciso indicar que, la Unidad de Investigación de América Noticias y Canal N accedió al testimonio de un colaborador eficaz que otorgaría indicios para una nueva investigación a la presidenta Dina Boluarte.

En esta declaración se compromete a la mandataria en una supuesta autorización para nombramientos solicitados desde la Fiscalía.

“Dina Boluarte Zegarra, utilizando uno de los dos números telefónicos que tenía agendado, se comunicó conmigo vía llamada por WhatsApp a mi número telefónico. Indicándome que ella estaba al tanto y que había autorizado los nombramientos que había pedido la fiscalía”, indica el testimonio.

“Dina Boluarte me indica que ella estaba al tanto y que había autorizado los nombramientos que había pedido la Fiscalía, refiriéndose al coronel PNP José Luis Alarcón Camacho como gerente general de Fovipol [Fondo de Vivienda Policial] y a Tiberio Robles Yanoc como director ejecutivo del Pronied [Programa Nacional de Infraestructura Educativa]. Ello lo hacía como parte del acuerdo de apoyo mutuo entre la fiscalía y el gobierno, acto coordinado previamente entre la presidenta de la República Dina Boluarte Zegarra y la exfiscal de la Nación Liz Patricia Benavides Vargas”, detalló el colaborador.

En esta trama, la investigación apunta a que Dina Boluarte habría utilizado a Grika Asayag como su intermediaria en las negociaciones con la fiscalía, mientras que, por el lado del Ministerio Público, ese rol lo tenía Jaime Villanueva.

“Me comuniqué vía llamada WhatsApp con la entonces asesora de la presidenta, Grika Asayag, y le dije que quería reunirme con ella para tratar el tema de la designación de Tiberio Robles Yanoc, como director Ejecutivo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Pronied; y de la designación de José Luis Alarcón Camacho como jefe de Fovipol en la Policía Nacional”, relata el colaborador eficaz.

Villanueva habría buscado a Grika Asayag en su casa y ella le habría dicho que no había problema, porque Óscar Nieves también estaba pidiendo por la designación de ellos.

El interés no solo provenía del exabogado de Dina Boluarte. El colaborador eficaz relata que detrás de este pedido estaba el fiscal Marco Huamán y su amigo Martín Gonzales, conocido como ‘Conejo’. Huamán “me dijo que si lográbamos concretar su designación nos podríamos beneficiar económicamente, ya que Pronied manejaba ocho mil millones de soles en presupuesto”, resalta.

Para el nombramiento en Fovipol se obtuvo también -según el colaborador- la ayuda del excomandante general de la PNP Raúl Alfaro, quien tuvo que firmar la propuesta de designación de José Luis Alarcón Camacho como gerente general de Fovipol a pesar que no cumplía con los requisitos necesarios.