Toque de queja, calles movidas

Nuestro más reciente cinco de abril pudo ser el día en que Lima se detuvo, pero el centro de la capital fue escenario, más bien, de un estallido social.

La Corte Superior de Justicia de Lima fue saqueada mientras que la sede del Ministerio Público y otros edificios estatales terminaron vandalizados. Lo que nació como una movilización contra el gobierno de Pedro Castillo se desfiguró por una turba que veía cualquier atisbo de autoridad como una presa para devorar.

Personajes en motocicleta parecían dirigir los disturbios. Otros intérpretes del caos, como este hombre de capucha rosada, tomaban la batuta eventualmente. Todos ellos sin miedo alguno a ser identificados. Sus rostros – inmortalizados en videos – son la principal huella de sus delitos.

En el colmo de la impunidad, este muchacho que se divierte prendiendo fuego en el frontis de la Corte de Lima tiene el tiempo y la comodidad para solicitar una foto con las llamas de fondo.

Un día antes, enfrentamientos y paralizaciones ya habían puesto en zozobra a Lima. El reclamo de un sector de transportistas contra el gobierno causó alarma y dio paso a rumores y falsos videos de saqueos en redes sociales que desencadenaron un intempestivo toque de queda.

El cinco de abril Lima Metropolitana amaneció en pausa. Sin embargo, desde muy temprano ya se percibía algo así como desobediencia en el aire.

Algunos mercados cerraron sus puestos por temor a los robos en grupo. Los que viven del día a día se refugiaron en las ‘paraditas’, centros de abastecimiento, pero también de enojo popular.

Entre los más inconformes con la inmovilización por decreto estaban los llegaban a los hospitales que habían reducido al mínimo su nivel de atención.

Las horas pasaban y el descontento ciudadano empezó a tomar, por voluntad propia, las calles.

Se fijó como destino el Congreso de la República, pero un cordón policial impidió el paso de la muchedumbre en el cruce de la avenida Abancay con el jirón Huallaga.

Poco a poco el paisaje cívico se desdibujó. Las usuales muecas violentistas dieron su lugar a un grupo que parecía la barra brava del caos. Este hombre de polo gris inicia una gresca contra los policías del cordón de seguridad. Luego, para mayor provocación, alguien le alcanza un bate de béisbol. De pronto, estas armas contundentes se multiplican. Los gases lacrimógenos no tardan en ser la respuesta policial.

Fue entonces que la multitud pacífica retrocedió y la avenida Abancay fue un campo de batalla entre vándalos y agentes del orden.

Reagrupados en el jirón Miró Quesada, las veredas y bermas de la avenida se volvieron armas. El bate de béisbol cambió otra vez de dueño, algo así como un cetro de poder; el resto parecía condenado a buscar proyectiles destruyendo todo a su paso. En este punto, comenzó a escalar el daño a la propiedad pública: así quedó la sede central de la Fiscalía de la Nación.

La Policía tuvo que emplear el famoso Pinochito para que el grupo violento se repliegue. A esas alturas iban más de dos horas de enfrentamiento.

En el cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, la violencia parecía inacabable. Incluso cuando se avizoraba una tregua alguien se ensañó contra la Corte de Lima y todo comenzó de nuevo.

El saqueo y el vandalismo llegaron, en este histórico edificio público, a niveles inauditos.

Los revoltosos robaron y destruyeron dejando únicamente esta inaceptable explicación.

El Jurado Nacional de Elecciones también fue blanco de ataques. Y los saqueos, tan temidos un día antes, no pudieron ser evitados por el aparato del Estado.

A diferencia de las marchas ocurridas en noviembre de 2020, esta vez la Municipalidad de Lima registró paso a paso el desarrollo total de los acontecimientos.

El Ministerio Público ha fijado un plazo de 60 días para identificar a estos vándalos y hacer las denuncias correspondientes por los daños a la propiedad pública. Entre tanto, se dio a conocer que el cinco de abril por la noche fueron detenidos en flagrancia delictiva trece individuos, dos de ellos menores de edad.

Uno de los intervenidos fue Farid López Ames, estudiante de 21 años que pretendía llevarse un frigobar propiedad de la Corte Superior de Lima. En el caso de Luis Delgado Díaz, de 22 años, él fue llevado a la comisaría de Alfonso Ugarte por participar del saqueo en la cadena de bodegas ‘Tambo’.

Pudimos averiguar que Sebastián Joel Yovera López, Maycker Martín Zorrilla Rondón y Miguel Ángel Baldeón Baldeón Palacios se acogieron a la figura de Terminación Anticipada, por lo que fueron liberados bajo reglas de conducta. Baldeón Baldeón había sido intervenido a bordo de la motocicleta que su familia usa para reparto de comida.

Producto de los ataques del último martes, 25 policías y cinco miembros del Serenazgo resultaron con lesiones.

El último jueves, colectivos de izquierda marcharon por las mismas calles, aunque en número bastante menor y con agenda totalmente opuesta.

Esto demuestra, una vez más, que los extremos suelen coincidir. Lamentablemente, la paz y la violencia no escapan de esta suerte de dualidad. Ambas llegaron juntas el cinco de abril a Lima, pero solo una dejó su huella.