SUNASS advierte riesgo de injerencia política del Ministerio de Vivienda en cobro de tarifas de agua

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) ha emitido un comunicado alertando sobre el peligro de que la política interfiera en la fijación de tarifas de agua.

Según señala el organismo, el proyecto de modificación del Decreto Legislativo 1280, promovido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, podría eliminar su independencia regulatoria en la determinación de tarifas, lo que amenaza su autonomía.  

Asimismo, menciona que este cambio significaría un retorno a modelos ineficientes que ignoran análisis técnicos, comprometiendo la sostenibilidad de los servicios de saneamiento.  

Además, sostiene que la iniciativa legislativa supera las facultades otorgadas al Ejecutivo, ignorando las recomendaciones de organizaciones como la OCDE sobre la autonomía regulatoria, lo que podría afectar la incorporación de Perú a este organismo internacional. 

"La propuesta implicaría el reajuste de tarifas sin el previo cumplimiento de metas establecidas por el regulador, alentando la ineficiencia de las empresas de agua, es decir, sin la mejora en la prestación de la calidad de los servicios", precisa SUNASS.

“Es importante señalar que la OCDE recomienda consolidar la autonomía de los organismos reguladores. Por ello, la eventual aprobación de la propuesta legislativa en los términos antes descritos, implica un retroceso en el proceso hacia la incorporación del Perú como miembro de la OCDE”, agregó en su comunicado. 

El organismo también resalta que el proyecto desprotege -para el regulador- a los usuarios ante interrupciones de servicios, puesto que reduce las obligaciones de las empresas de agua establecidas por la Sunass. 

Ministerio Vivienda responde comunicado

En respuesta, el Ministerio de Vivienda reafirmó su compromiso con el derecho universal al acceso al agua potable. 

En esa línea, dicho sector ha calificado el comunicado de SUNASS de político y de actitud antitécnica. A su vez, dejó claro que no busca regular las tarifas del servicio de agua potable y saneamiento, sino establecer un marco normativo para garantizar su equitativa y eficiente prestación.  

La cartera de Vivienda precisa que este decreto tiene como objetivo evitar la fijación de tarifas políticas por debajo de los costos, el uso ineficiente de subsidios fiscales y propone un esquema de subsidio cruzado más justo.  

Dichas medidas son acordes con informes de la OCDE y del Banco Mundial que indican insuficiencia de tarifas para cubrir costos y la necesidad de inversión en mejoras debido a tarifas políticamente bajas.