Municipalidad de SJL y Sedapal enfrentados por multa de S/ 8.4 millones
La comuna denuncia que la empresa estatal no pagó sanción, mientras esta última afirma lo contrario y acusa que la municipalidad embargó sus cuentas bancarias
La Municipalidad de San Juan de Lurigancho (SJL) y Sedapal / Foto: archivo El Comercio
La Municipalidad de San Juan de Lurigancho (SJL) y Sedapal se encuentran enfrentados por una multa de S/ 8.4 millones. La historia se remonta a febrero del 2012, cuando la comuna sancionó económicamente al consorcio Huachipa, conformado por las empresas Camargo Correa y OTV, e incluyó a la empresa estatal como tercero civil responsable, tras la ruptura de una tubería matriz que afectó a decenas familias.
“La Municipalidad de SJL ha actuado en todo momento con respeto a la Constitución, las leyes y los reglamentos y con respeto al mandato del Poder Judicial, en defensa de los intereses de la comuna (…) el cobro exigido a Sedapal es legal conforme a lo ha advertido en la máxima instancia judicial”, narra el comunicado de San Juan de Lurigancho.
En ese sentido, agregó “que habiendo ocurrido el 08 de febrero de 2012, una inundación que trajo como resultado una docena de heridos, más de 150 familias damnificadas y que afectó a 30 manzanas (2 kilómetros cuadrados) tras la ruptura de una tubería matriz, la Municipalidad de SJL interpuso a Sedapal, una multa por los daños causados que hasta la fecha (7 años después) no ha sido cancelada y en su defecto pretenden no cumplir con su responsabilidad”.
Por su parte, Sedapal aseguró que la “multa de S/ 8.4 millones impuesta al Consorcio Huachipa fue pagada en 2018”. Además denunció que la Municipalidad de SJL mantiene embargados los fondos de la empresa estatal que se encuentran en cuatro entidades bancarias.
“Pese a que la deuda fue declarada cancelada en diciembre de 2018, el ejecutor coactivo municipal embargó en julio de este año todas las cuentas de Sedapal en cuatro entidades bancarias, perjudicando a la empresa. Sedapal exige a la Municipalidad de SJL levantar el embargo ilegal porque pone en riesgo la prestación del servicio de agua potable de Lima y Callao”, narra parte del comunicado de la empresa estatal.
Asimismo señaló que “de manera injustificada, la comuna de SJL incorporó en octubre del 2018 a Sedapal en el proceso de sanción como tercero civil responsable, con la finalidad de cobrarle ilegalmente a la empresa la multa de un perjuicio que no causó”.
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