Rosío Torres: Subcomisión declaró procedente denuncia contra la legisladora por caso "Mochasueldo"
Se declaró procedente la denuncia contra la parlamentaria de APP, Rosío Torres, por presuntamente recortar salarios a trabajadores de su despacho. La decisión se tomó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró procedente la denuncia contra la legisladora de Alianza para el Progreso, Rosio Torres, por el presunto recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho.
La denuncia constitucional fue realizada por el fiscal de la Nación. A la congresista se le acusa de recortar parte de las remuneraciones y bonos de sus trabajadores, así como de la subcomisión, cuando ejerció la presidencia del grupo de trabajo.
Según se consignó en la denuncia constitucional, la parlamentaria habría incurrido en el delito de concusión debido a que “habría doblegado la voluntad de sus trabajadores de su despacho y del personal de confianza de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando ejerció la presidencia de la misma”.
El informe fue aprobado por unanimidad con 11 votos; adicionalmente, se acumula a las denuncias 361 y 370, por investigar hechos similares.
¿DE QUÉ SE ACUSA A ROSÍO TORRES?
Se acusa a Rosio Torres Salinas de haber abusado de su posición como congresista de la República y presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales durante el periodo 2021-2022.
Además, se le imputa haber inducido, a través de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, a los trabajadores de su despacho congresal y de la mencionada subcomisión, a entregar sumas de dinero de sus remuneraciones en beneficio de la congresista.
Desde que ingresó al Parlamento, de la mano de Alianza para el Progreso, se habría instalado en sus oficinas un perverso sistema de recorte de sueldos.
Existe evidencia, por ejemplo, que Cecilia Salazar, quien era asesora nivel II, de la congresista Torres, realizó transferencias bancarias a la cuenta de su sobrino por 1350, 2000, 1900, 3462, 2000, 6850 soles, entre otros.
Solo ella, en 7 meses, habría entregado 24 562 soles que, según la tesis fiscal, tenían como destino final el bolsillo de la parlamentaria.
Ante las evidencias y la solicitud del Ministerio Público, el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria ha determinado el levantamiento del secreto de bancario de la congresista y de su sobrino.
