Premier Otárola garantiza la defensa del Estado ante demanda de terrorista del MRTA a la CIDH
El jefe de Gabinete cuestionó a la CIDH y anunció que el Perú iniciará una campaña de "posicionamiento internacional" a través de la Cancillería
El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, garantizó este viernes que el Gobierno garantiza la defensa de los intereses del Estado peruano ante la demanda que presentó el cabecilla terrorista Víctor Polay Campos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, aseguró que durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte el cabecilla terrorista no saldrá de la cárcel, y que tomarán las acciones para que, cuando se cumpla su condena, pedirán la prisión preventiva y enjuiciamiento de Polay Campos por otros graves delitos de lesa humanidad a través de la procuraduría en casos de terrorismo del Ministerio del Interior.
“Hacemos una invocación al Ministerio Público y Poder Judicial para que actúen de manera célere y podamos consolidar estos procesos y evitar que este delincuente pueda salir de prisión y seguir afectando los derechos de los peruanos”, sostuvo.
Por otro lado, Otárola aseveró que el Perú reconoce al Sistema Interamericano de Derechos Humanos como garantía para los 33 millones de ciudadanos y que nuestro país reconoce los tratados internacionales. Sin embargo, eleva su voz de protesta frente a actos que “afectan la dignidad de los peruanos”.
En esa línea, afirmó la voluntad del gobierno de garantizar la “defensa efectiva y eficiente” de los intereses del Estado ante las “tropelías procesales internacionales” interpuestas por los terroristas.
CIDH ADMITE DEMANDA DE CABECILLA TERRORISTA
Cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una demanda planteada por familiares y personas allegadas al cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay, quien acusó al Estado peruano de violar su derecho al principio de legalidad y sus garantías judiciales, y permitir que sea torturado desde su detención, sin investigar “diligentemente tales hechos”.
La admisión de la demanda implica el desarrollo de un proceso que podrá ser materia de una audiencia entre los demandantes y el Estado peruano. La parte culminante del mismo derivará en la emisión de un pronunciamiento de índole no vinculante por parte de la CIDH.
De no acatarse las recomendaciones incluidas en este, la mencionada instancia podrá llevar el caso ante la Corte IDH.
Cabe recordar que el criminal Polay Campos fue declarado culpable el 22 de marzo de 2006 por diversos delitos cometidos entre 1980 y 1990 y sentenciado con 35 años de prisión.
