Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda pasaron por control de identidad por el caso "Los Waykis en la Sombra"

El Poder Judicial realizó desde las 11 de la mañana la audiencia presencial de control de identidad del hermano y el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte Zegarra,Mateo Castañeda, respectivamente, tras su detención preliminar el viernes 10 de mayo por el caso ‘Los Waykis en la sombra’.

Junto a los mencionados otras cuatro personas también fueron detenidas en el operativo ejecutado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP). A todos ellos se les atribuye los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. 

La audiencia está a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. 

Boluarte y Castañeda brindaron sus generales de ley ante el magistrado. Hicieron lo mismo los otros detenidos Noriel Chingay Salazar, Zenobia Griselda Herrera Vásquez, Víctor Hugo Torres Merino y Edwin Ugarte Nina.

Imputaciones

Al hermano de la mandataria se le imputa ser el presunto líder de la organización criminal que se habría dedicado al nombramiento ilícito de prefectos y subprefectos en regiones a cambio de que estos recolecten firmas para la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú.

En tanto, a Mateo Castañeda se le atribuye ser el “brazo legal” de la supuesta organización criminal. Según la investigación fiscal, el letrado buscó “neutralizar” la investigación contra el hermano presidencial, por lo que habría buscado corromper a los coroneles PNP Harvey Colchado y Walter Lozano. A cambio les habría ofrecido ascensos y “protección” del Poder Ejecutivo.

Con problemas de salud 

Durante la audiencia, Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, ambos detenidos en el caso 'Los Waykis en la Sombra', solicitaron atención médica debido a sus delicadas condiciones de salud. 

El hermano de la presidenta reportó tener alta glucosa, hipertensión, asma y arritmia cardíaca. Mientras que el abogado presidencial compartió preocupaciones similares. 

Ante esto, el juez autorizó un control de la salud de los detenidos, señalando que después se requerirá una evaluación del médico legista. 

Esta diligencia es parte de los procedimientos judiciales que deben ejecutarse dentro de las 48 horas tras la detención, garantizando así el debido proceso.