Poder Judicial: Invocan a alcaldes y gobernadores a implementar Unidades de Flagrancia
La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima invocó a los gobiernos locales y regionales a colaborar con la implementación de Unidades de Flagrancia para combatir con mayor celeridad la delincuencia
La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Vidal La Rosa Sánchez, recordó que el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, ha invocado a los gobiernos locales y regionales a colaborar con su sector, favoreciendo la implementación de Unidades de Flagrancia para combatir la delincuencia.
Vidal resaltó el compromiso de la Beneficencia, a través de la Municipalidad de Lima, que cedió uno de sus inmuebles para implementar una Unidad de Flagrancia en Cercado de Lima.
“El éxito de una Unidad de Flagrancia radica en la coordinación de las cuatro entidades, policía fiscalía, Poder Judicial y Ministerio de Justicia, para emitir sentencias con la celeridad, rapidez y contundencia para hacer frente a la delincuencia. La mayoría de delitos que vemos son contra el patrimonio, vale decir, hurto y robo; también tenemos comprendidos los delitos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar”, sostuvo en declaraciones a Canal N.
¿CÓMO FUNCIONAN LAS UNIDADES DE FLAGRANCIA?
La Unidad de Flagrancia alberga en un mismo local al Poder Judicial (jueces), Ministerio Público (fiscales), Policía Nacional (agentes PNP) y Ministerio de Justicia (abogados de la Defensa Pública).
El Poder Judicial puso en funcionamiento Unidades de Flagrancia en los Distritos Judiciales de Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, La Libertad y próximamente en el Callao.
De acuerdo con el Poder Judicial, los equipos jurisdiccionales y administrativos trabajarán con turnos permanentes de manera ordenada y planificada - incluidos sábados, domingos y feriados- durante las 24 horas, en espacios físicos contiguos y con las garantías constitucionales del debido proceso para los investigados.
Este modelo de justicia rápida reduce las pérdidas de tiempo por trámites y traslados -de un lugar a otro- del personal de las entidades y de los investigados, así como reduce cualquier riesgo de fuga.