Hoy:

    Poder Judicial: Exhortamos a las instituciones a respetar mandatos dados por la administración de justicia

    "Cualquier decisión judicial que pueda involucrar una inconducta funcional en su ejercicio, corresponde ser investigada por el órgano de control correspondiente", manifestaron

    La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado. Foto: Actualidad laboral
    La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado. Foto: Actualidad laboral

    La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia señaló que las decisiones judiciales, por mandato constitucional son de obligatorio cumplimiento para toda persona, siendo los altos funcionarios que tienen una doble responsabilidad de respetar el estado de derecho y el ordenamiento jurídico vigente.

    A través de un comunicado, tras la realización de una sesión extraordinaria, precisa que en un estado constitucional de derecho, la potestad de resolver conflictos recae en el Poder Judicial, por lo que los jueces y juezas garantizan plenamente los derechos fundamentales de las personas y sus decisiones "son motivadas, bajo responsabilidad".

    "Las decisiones judiciales, por mandato constitucional, son de obligatorio cumplimiento para toda persona; sin perjuicio de que las mismas puedan ser impugnadas. Los altos funcionarios tienen en esto una doble responsabilidad constitucional, pues corresponde a ellos el respeto al estado constitucional de derecho, así como al ordenamiento jurídico vigente. La discrepancia debe ser canalizada por los cauces democráticos y constitucionales", señala.

    Asimismo, señala que la crítica a las decisiones judiciales no puede significar en forma alguna "una falta de respeto a la investidura del juez o jueza". 

    "Cualquier decisión judicial que pueda involucrar una inconducta funcional en su ejercicio, corresponde ser investigada por el órgano de control correspondiente, quien ejerce su función con autonomía e independencia", añade.

    En ese sentido, el Poder Judicial reafirma su voluntad de afianzar el estado constitucional de derecho, la seguridad jurídica y la separación de poderes como pilares de la democracia representativa "y exhorta a las instituciones y a la ciudadanía al respeto de los mandatos emanados de la administración de justicia". [Andina]