El 'Plan Bukele' y su aplicación en el Perú ante el aumento de la delincuencia

Brian Cosio tiene 18 años y no quiere la ayuda de su madre, pero la necesita. Hace un mes le pusieron un arma en el pecho y le dispararon a quemarropa.

Ocurrió el 27 de julio a las nueve de la noche, muy cerca de su casa, en San Martín de Porres. Buscaba sus llaves en la mochila cuando vio las luces de una moto.

Resignado, en su interior se dijo: “Me van a rebuscar y me van a golpear para asustarme”. Todo eso ocurrió. Pero él ya sabía qué hacer, cómo actuar ante una situación similar, porque lo había hablado con su madre hacía pocos días atrás.

Brian es un muchacho inteligente y cuando la delincuencia le tocó en la cara, se acordó del consejo de su madre. Entregó su mochila pacíficamente, pero el ladrón le dijo que quería el celular.

El joven entregó su viejo teléfono, pero al instante, sin la más mínima duda, el delincuente le disparó en el pecho.

Un mes después, luego de estar internado en un hospital, ha vuelto a su casa donde cualquier sonido relacionado a esa noche, lo perturba y lo quiebra por dentro.

Y le ha pasado a otra persona.  Esta semana a una cuadra del lugar donde le dispararon, mataron a un policía que salía de su casa. Le robaron su arma y el asesino fugó con su cómplice en una moto.

Mientras la violencia en las calles se desborda en Lima y en el interior del país, estas últimas semanas la gente en redes sociales y diversas autoridades han empezado a hablar de lo que está pasando hace varios años en El Salvador, ese pequeño país centroamericano donde la criminalidad ha disminuido debido a lo que ahora todos conocen como el famoso “Plan Bukele”.

Nayib Bukele es el joven y polémico presidente de El Salvador, que con poco más de 6 millones de habitantes, ha sufrido durante 40 años la violencia de las pandillas más populares y sangrientas del mundo conocidas como “La Mara Salvatrucha”.

Una peligrosa organización con una diversidad de actividades criminales que incluyen la violación, el narcotráfico, la extorsión, el contrabando de armas, el secuestro, el robo y los asesinatos por encargo. Desde que asumió el Gobierno en el 2019, Bukele, sin contemplar miramientos, les declaró la guerra.

Bukele ha puesto en marcha un plan que ha tenido tanto éxito como cuestionamientos. La mano dura ha sido la principal característica. Sus métodos y políticas han llamado la atención en diferentes países, incluyendo el nuestro.

Basta recorrer la Panamericana Sur para leer “El Bukele peruano”. Se trata de un eslogan de un desconocido aspirante a político. Sin embargo, esta semana, esa popular fórmula Bukele, pasó del Tiktok y de las pintas a la agenda política. Uno de los primeros en poner el tema sobre la mesa fue el jefe del Consejo de ministros, Alberto Otárola.

La pregunta se hizo porque el último fin de semana un sicario se metió a una loza deportiva para asesinar a un hombre que jugaba un partido de fútbol. La escalofriante escena fue, sin querer, transmitida en vivo a través del Facebook.

Ante la declaración de Otárola, el debate empezó. Congresistas y diferentes autoridades opinaron a favor y en contra. Pero cuánto se conoce realmente del famoso “Plan Bukele”. De hecho, muy poco, porque el verdadero nombre de esa estrategia contra el crimen que se aplica en El Salvador se llama Plan de Control Territorial y tiene varias fases.

Quien habla es el diputado Cristhian Guevara, miembro del partido político de Bukele llamado Nuevas Ideas. La primera y segunda fase fueron las de control de territorios, captura de criminales y ofrecimiento de mejores condiciones para la vida de los jóvenes. Luego vino la tercera fase y quizá la más cuestionada dentro y fuera de El Salvador. Pidió al Congreso, donde no tenía mayoría, se apruebe un presupuesto adicional de 109 millones de dólares para potenciar las fuerzas armadas y la policía. El parlamento se opuso y en respuesta Bukele ingresó al Congreso acompañado por fuerzas militares que prácticamente tomaron el recinto. Este hecho fue aplaudido por la mayoría de los salvadoreños, pero criticado por la comunidad internacional.

Con las armas en su poder, Bukele logró en mayo del 2021 el poder político total. A diferencia del Perú, en El Salvador las elecciones congresales no se hacen junto a la elección presidencial.

En el 2019, cuando Bukele fue electo, en el Congreso solo tenía dos diputados a su favor. Por esa razón, sus pedidos no fueron aprobados. Todo cambió en el 2021. En las elecciones congresales de ese año, logró obtener 56 de los 84 escaños.

Las elecciones del 2021 le permitieron a Bukele tener más poder. Una de las primeras decisiones de su Congreso fue destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Con ese control, casi total, las fases de su plan se repotenciaron, pero también su figura como un gobernante autoritario y sin respeto por la separación de poderes.

Es por estas fechas que nace un cuestionamiento contra Bukele. Una investigación periodística publicó que su lucha contra el crimen era, en realidad, un pacto con las pandillas. La diputada de oposición Claudia Ortiz asegura que Bukele nunca respondió directamente por esa acusación.

Ninguno de estos cuestionamientos ha dañado la imagen de Bukele que por esas fechas ya tenía una alta aprobación en las calles. Esa fuerza le permitió seguir con su plan y aplicar la fase cinco, llamada Extracción.

La popularidad de Bukele siguió subiendo hasta que el 27 de marzo del año pasado, en un fin de semana, las pandillas mataron a 80 personas en diferentes partes del país.

Este hecho le permitió a Bukele hacer un pedido extraordinario al Congreso: quería que El Salvador se convierta en un régimen de excepción donde se suspendieran muchos derechos fundamentales.

La oposición asegura que este pedido camufló que el régimen pudiera disponer de dinero público sin el control de la oposición ni de ninguno de los órganos fiscalizadores del Estado.

Esas “excepciones” han permitido, por ejemplo, la construcción del símbolo de Bukele ante el mundo. Hablamos del Centro de Confinamiento del Terrorismo, mejor conocido como CECOT, que el mandatario ha llamado la cárcel “más grande del mundo”. Una moderna prisión construida a 74 kilómetros de la capital, en una lejana área de 23 hectáreas.

Tiene 7 cercos de seguridad, está dividida en 8 módulos rodeados por nueve torres con francotiradores. A estos módulos han llevado a los detenidos desde que las redadas se intensificaron luego de ser aprobado el Estado de Excepción.

La cárcel tiene capacidad para 40 mil reclusos. El propio mandatario ha dicho que no tienen ni frazadas, ni almohadas y que duermen en una cama de cemento en la absoluta oscuridad.

El principal cuestionamiento de la oposición a la cárcel es, otra vez, la poca transparencia económica del Gobierno. No se sabe qué empresa la construyó y menos cuánto costó.

Las fases seis y siete del plan de control territorial o el plan Bukele, como en nuestro país se ha llamado, es aún un misterio. Sus partidarios dicen que aún no se han aplicado y que es una información reservada. Solo han informado que a la fecha se han realizado cerca 72 mil detenciones. Según el oficialismo el 10% de esa cifra son personas que fueron liberadas. Pero para la oposición aún hay muchas detenciones irregulares que no están en esas cifras y donde se han vulnerado los derechos de inocentes.

La pregunta de la semana aquí ha sido si ese plan se puede ejecutar en nuestro país. Ante el debate, la presidenta Dina Boluarte dijo que nuestra realidad es otra.

Y es verdad, las políticas y las realidades son otras. Como los que se han aplicado esta semana en San Juan de Lurigancho, luego del asesinato en la loza deportiva.

Los policías del sector salieron a patrullar las calles para hacer control de identidad, es decir pedirles DNI a las personas. Se reunieron con los vecinos para realizar rondas urbanas por algunas horas. Aplicaron el famoso "acercamiento al ciudadano", que consiste en dejar un cuaderno a un negocio para que un policía vaya a firmar cada dos días, hablar con el encargado y saber si todo está bien en la zona. A cambio de ese acercamiento, los comerciantes brindan información si ven algún robo.

Mientras ese es el plan del Gobierno para combatir el crimen y se siguen debatiendo ideas, la dura realidad nos dice que aún hay víctimas como Brian Cosio que buscan fuerza entre sus miedos para seguir adelante.