Pérez Tello: Sentenciados por corrupción no trabajarán para el Estado
La ministra de Justicia precisó que condenados por este delito pueden ser despedidos actualmente
En el marco de las facultades legislativas que otorgó el Congreso. Foto: Andina/Video: América Noticias
Marisol Pérez Tello, ministra de Justicia y Derechos Humanos, informó sobre las medidas que se aprobaron en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en torno a combatir la corrupción y agilizar los procesos administrativos, en el marco de las facultades legislativas que otorgó el Congreso.
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La titular del Ministerio de Justicia precisó que la ley de muerte civil se modificó, para que personas condenadas por delitos de corrupción, no vuelvan a trabajar en el Estado o sean despedidas, en caso continúen laborando.
“Hemos corregido la norma con una medida administrativa laboral, para que no puedan trabajar en el Estado personas sentenciadas por delitos de corrupción y para que puedas despedir a algún funcionario que tenga sentencia por esta infracción”, dijo Pérez Tello en conferencia de prensa y acompañda de Fernando Zavala.
Además anunció que el periodo para que los fiscales realicen la investigación preliminar se amplió hasta 10 días y la prisión preventiva hasta los 18 meses.
Asimismo informó que el centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil de Lima, conocido como Maranguita, pase del Poder Judicial al Ejecutivo, para que se implementen programas de readaptación a la sociedad a través de diversos ministerios.
“Hemos trasladado Maranguita al Ejecutivo de manera que se pueda hacer un readaptación desde el Ministerio de la Mujer, de Educación de manera integrada, fortalecer a la familia y atender a los menores infractores, evitando de esta forma que un adolescente se convierta en un delincuente mañana”, indicó.
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Respecto a la simplificación de procesos administrativos en el Estado, Pérez Tello anunció que se eliminaron una serie requisitos como “procedimientos engorrosos, innecesarios, costosos que lo que hacían era dilatar el tiempo, generar más costos y no tenían ningún impacto en el ciudadano”.
