Maldonado anticipa prisión preventiva para Nicanor Boluarte

Antonio Maldonado, exprocurador anticorrupción, se pronunció sobre la situación legal de Nicanor Boluarte y los otros procesados por el caso “Los Waykis en la Sombra”. 

En diálogo con Canal N, espera que el juez Richard Concepción Carhuancho dicte una prisión preventiva para el hermano de la presidenta Dina Bolularte y los demás investigados. 

Aseguró que de darse esta medida sería un paso importante en el fortalecimiento de la justicia en Perú, enviando un mensaje de que incluso figuras cercanas al poder no están exentas de ser procesadas si se demuestro su participación en delitos.  

En esa línea, resaltó el papel de juez Carhuancho como un ejemplo de independencia judicial, especialmente considerando que, en casos de alto perfil como este, donde se involucra a personas con poder político, la tentación de influir sobre la justicia es alta.

También calificó que la resolución judicial reflejaría la maduración institucional del sistema judicial peruano, aunque el proceso está lejos de ser perfecto.

Pruebas contra Nicanor Boluarte 

Maldonado comentó que, durante el proceso, el magistrado ha detallado las pruebas que apuntan a Nicanor Boluarte como cabecilla de una organización criminal. 

Este tipo de estructuras ilícitas, como las mencionadas en los medios de comunicación, son parte de una red más amplia de corrupción política, algo similar a lo ocurrido en el caso Lava Jato, donde se emplearon métodos de ocultamiento sofisticados.

Aunque Dina Boluarte no ha sido directamente acusada, se considera que la presidenta podría tener conocimiento de los actos delictivos de su hermano. 

Remarcó que el escudo normativo vigente en la Constitución de 1993 le da protección legal, impidiendo que se le puedan presentar acusaciones constitucionales mientras el Congreso no lo permita.  

Asimismo, indicó que esto también genera una sensación de impunidad, dado que el Congreso, en su mayoría, protege a la presidenta.  

También se refirió al uso de sobrenombres o apodos que dentro de organizaciones criminales no es algo nuevo. “Estos métodos se emplean para ocultar identidades y evitar la detección de las actividades ilícitas. 

La utilización de alias en este tipo de investigaciones es común para evitar que los involucrados sean identificados fácilmente, similar a lo que ocurrió con el caso Lava Jato”, continuó.  

El exprocurador explicó que la prisión preventiva no constituye una condena anticipada, pero sí demuestra que las pruebas reunidas hasta el momento son suficientes para que se continúe con el proceso judicial. A medida que avance la investigación, se podrían incorporar más pruebas que fortalezcan el caso.  

La falta de acción del Congreso genera un obstáculo en la justicia, ya que el Poder Ejecutivo está protegido, lo que podría ralentizar el proceso.  

Sin embargo, el hecho de que los casos de corrupción sean descubiertos, aunque tarde, genera un precedente importante para la lucha contra la corrupción en el país.