INPE pedirá exonerar de pago de reparación civil a extranjeros

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) de Perú solicitará al Poder Judicial que los jueces exoneren del pago de reparación civil a aquellos extranjeros encarcelados en prisiones peruanas que cumplan los requisitos para cumplir sus condenas en sus países de origen, anunció hoy su director, Julio Magán.

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"La norma dice que se puede exceptuar el pago con el objetivo de que esos internos extranjeros regresen a su país. La Corte Superior del Callao ya expresó su interés por unificar criterios que le permitan aplicar la exoneración y facilitar el cumplimiento de otros requisitos", señaló Magán.

Magán explicó a la agencia oficial Andina que la petición se realizará en cumplimiento de la Ley 30219, que crea y regula el beneficio especial de salida del país para extranjeros que cumplen penas por condenas menores a 7 años en cualquier penal del país.

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El director del Inpe señaló que al menos 700 extranjeros se encuentran en esa condición dentro de las prisiones de Perú y la mayoría se concentra en el penal Sarita Colonia, del puerto limeño del Callao, por el delito de narcotráfico en la modalidad de mula o correo humano.

El presidente de la Corte Superior del Callao, César Hinostroza, anunció el miércoles en una conferencia de prensa los detalles de un acuerdo con cuarenta embajadas y consulados acreditados en Perú para poder cumplir la norma.

Hinostroza indicó que los acuerdos permitirán que unos 200 de los casi 600 presos extranjeros recluidos en el penal "Sarita Colonia" cumplan sus condenas en sus países de origen.

Además de contar con penas menores a siete años, la norma es aplicable para los presos extranjeros solo si se trata de su primera condena, de la que deben haber cumplido un tercio con buena conducta, y bajo la prohibición de regresar al país hasta 10 años después del término de su pena.

Para aprobar la salida del país, la norma establece que el extranjero debe haber cumplido todas las disposiciones de su sentencia, incluida las reparaciones o multas impuestas, que pueden someterse a reducciones o exoneraciones, según disponga el juez.

Las últimas cifras oficiales indican que en Perú existen actualmente 1.730 extranjeros presos, de los cuales el 92 por ciento está procesado por tráfico ilícito de drogas, en su mayoría de nacionalidad española, colombiana y mexicana. EFE