Infracciones al reglamento de tránsito supera con creces los S/ 1500 millones
Un gigantesco cementerio de autos destartalados en un almacén resume el problema del transporte público informal de Lima y Callao
El problema del transporte público formal e informal en Lima y Callao se puede resumir en este almacén. Aquí están buena parte de las infracciones al reglamento que nunca se pagaron y que hoy forman parte de una cuantiosa deuda que supera, con creces, los S/ 1500 millones.
Arrumados en anaqueles, en cajas de cartón y hasta en bloques prensados, los más de 300 mil expedientes que reposan aquí son la única huella de que alguna vez se cometieron faltas en las vías de la capital. La gran mayoría fue obra del arrollador recorrido de los vehículos informales.
La búsqueda de los máximos deudores nos lleva hasta San Juan de Lurigancho. Pero nada nos garantiza que vayamos a tener éxito.
Encontrar a Enrique Oswaldo Castro Navarro en las direcciones que el radar estatal tiene de él es complicado. Ni siquiera los funcionarios que recorren a diario la inmensidad de este distrito son capaces de dar con su ubicación.
El transportista piurano Enrique Castro encabeza la lista de deudores con un monto que supera los 9 millones de soles.
El área de cobranza coactiva de la Autoridad para el Transporte Urbano de Lima y Callao está a cargo de saldar cuentas con personas como Enrique Castro, quien posee -según Registros Públicos- ocho vehículos a su nombre. Lo curioso es que nadie en esta área de la ATU ha podido verle la cara en los últimos cuatro años.
Raimy Sánchez Lozano es la segunda en la lista de deudores. Su monto en cobranza coactiva es de más de 7 millones de soles.
Otro caso de personas que alquilaban sus unidades para transporte público es el de Ana Rinaldi Tinoco, quien debe 3 millones de soles, según la ATU.
Los últimos dos casos tienen en común que las mujeres deudoras no tienen, formalmente al menos, ninguna propiedad a su nombre. Es decir que sus millonarios saldos en contra de ATU serán, en la práctica, incobrables.
Pero si de excentricidades hablamos en esta lista de deudores impunes, nada más bizarro que la aparición de Eliu Ñaupari Aguirre, quien murió debiéndole más de 4 millones de soles a ATU.
Cuenta su prima que Eliu era cobrador informal y que fue asesinado en un terrible episodio por un “datero”.
En San Isidro debíamos hallar a Beatriz Chang para preguntarle por los cinco millones que debe al estado, pero también figura como fallecida según el Reniec.
Menos de diez personas naturales acumulan una deuda de 42 millones de soles con la ATU. La lista, sin embargo, también es integrada por empresas, cuya deuda, en muchos casos, proviene de papeletas impuestas años atrás por el SAT, cuando el transporte de la capital estaba a cargo de la Municipalidad de Lima.
Quien da tal definición es el presidente del directorio de la empresa de transportes y servicios Virgen de la Puerta, una de las más formales del complejo sistema de transporte público en la capital y que, sin embargo, es la más endeudada según ATU, con cuatro millones 971 mil soles.
VIPUSA, como se conoce entre los usuarios a esta empresa, tiene cinco rutas autorizadas y una flota de más de 200 vehículos, entre cúster y buses. A bordo de una de estas unidades haremos el intento por entender por qué una línea formal acumula tal cantidad de deudas en el sistema.
Mientras los pasajeros que viajarán desde Ancón a San Luis van subiendo, el jefe de VIPUSA se esmera en señalarnos sus diferencias con el transporte informal, el cual compite con ellos bajo condiciones que él considera desiguales.
Guillermo Pozo asegura que muchas de las papeletas que, en su momento, le impuso el SAT no fueron adecuadas pues consignaban fundamentos imposibles de probar o refutar. Dice también que otro paquete de multas convertidas en deuda coactiva proviene de un decreto en años del covid-19 que sancionaba a la empresa cuando alguno de sus pasajeros no usaba bien la mascarilla o el protector facial. En las oficinas de su compañía, Guillermo Pozo nos señala que muchas de las actas que pretenden cobrarle ni siquiera pueden ser visualizadas en el sistema web de ATU.
Son muchas las empresas que tienen deudas coactivas, pero no es fácil encontrar las sedes de todas ellas.
Según SUNAT, en este lugar debería funcionar la empresa La Nueva Estrella que, de acuerdo a la ATU, debe 3 millones 300 mil soles, pero ni aquí ni en ningún lado nos dieron razón sobre las oficinas de sus apoderados.
El caso de esta empresa es muy peculiar pues, según ATU, no hay ningún vehículo a nombre de dicha compañía en sus depósitos, sin embargo, solo en uno de ellos hay varias unidades con su logo y número de ruta. La mayoría de estas cúster están a nombre de personas naturales, y sus multas son por interferir la labor fiscalizadora.
Operando en las calles sin propiedades importantes que embargarle, esta ruta formal acumula a diario nuevas multas que seguro nunca serán pagadas.
Un nombre que atrae la mirada entre los 20 mayores deudores es el de la empresa DIM Autos. Pese a estar totalmente lejos del rubro del transporte público, esta compañía debe 3 millones 800 mil soles a las arcas de la ATU. Pero lo más increíble es que la autoridad autónoma de Lima y Callao no encuentra el modo de cobrar dicha suma.
Mediante un comunicado, el representante legal de DIM Autos le dijo a Cuarto Poder que tuvo que liquidar su empresa a raíz de dichas deudas, generadas porque sus clientes cometían faltas de tránsito con vehículos que no acababan de pagarse y que, por tanto, estaban aún a nombre de DIM Autos.
El monto total en cobranza coactiva de las compañías más deudoras supera los 44 millones de soles. Muchas de las multas impuestas llegan a 20 mil soles cada una, lo que convierte la suma total en impagable e incobrable a la vez.
Las empresas que sí tienen cuentas corrientes y propiedades que puedan ser embargadas han decidido, en muchos casos, llevar sus expedientes al terreno judicial.
Quizás tantos años como sigan dormidos aquí los expedientes culminados y los que lleguen de aquí en adelante. Quizás tantos años como los que tendremos que aguantar un transporte sin ley, sin reformas viables y con deudas que son un dolor de cabeza para algunos, pero un gesto de total impunidad para muchos otros.