Informe revela que no hubo plan policial durante protestas ciudadanas de noviembre 2020
Documento precisa que plan de operaciones se elaboró y aprobó el 11 de noviembre, es decir cuando las protestas ya se habían iniciado
Se pone en la mira a diez oficiales de la Policía. Foto: Canal N
Un informe, hasta ahora inédito, señala un delicado asunto que tiene que ver con las protestas ciudadanas de noviembre de 2020, tras la vacancia presidencial de Martín Vizcarra y la toma de mando de Manuel Merino.
Señala que “las operaciones de control del orden público a cargo de la policía para los días 9 y 10 de noviembre se habrían desarrollado sin un plan u orden de operaciones previamente diseñado”.
En este mismo documento elaborado por la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior también se precisa que este plan de operaciones recién se elaboró y aprobó el 11 de noviembre, es decir cuando las protestas ya se habían iniciado.
También indica que “la cantidad de armamento no letal y el modo en que fue usado por parte de efectivos de la Policía resulta preocupante, puesto que es abiertamente contrario a las leyes y reglamentos vigentes”. En un cuadro se detalla que entre los días 12 y 14 de noviembre se utilizaron 7 mil 167 municiones, entre no letales y material lacrimógeno.
En cuanto a los heridos y muertos durante las protestas, el documento precisa que “las pericias practicadas acreditan que se produjo la muerte de dos personas y lesiones grave en otras, por causa atribuible a perdigones de plomo y proyectiles de vidrio endurecido y que por lo menos en un caso de muerte, el disparo fue realizado por una escopeta del tipo utilizado por la Policía Nacional”.
El entonces jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la policía nacional, dice que no tenía poder de decisión y zanja la responsabilidad solo en la policía.
El informe también señala que la orden de operaciones del 9 y 10 de noviembre fue diseñada por una persona que “no tenía facultades para disponer de unidades policiales que no estaban bajo su comando”.
Aquí también se incluye la actuación del grupo Terna, al que: “se le habría asignado tareas de control de orden público que no le correspondían y efectuaron detenciones arbitrarias de personas de manera violenta”.
Se pone en la mira a diez oficiales de la Policía, y se recomienda remitir una copia del informe a la Fiscalía de la Nación.
