La magistrada Inés Tello, quien fue inhabilitada de la función pública por 10 años por el Congreso, reiteró pedido al presidente del Congreso para que declare inexistente la acusación constitucional en su contra.
Mediante una carta, la exintegrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) argumenta que la votación obtenida no cumple con el recuento oficial de votos necesarios.
En la misiva, explica que, a su entender, el total de votos alcanzados fue de sesenta y seis, en lugar de los sesenta y siete anunciados durante la sesión, cuestionando la validez del voto del congresista José Luna Gálvez.
Tello argumenta que la inhabilitación por diez años no implica una destitución y, por lo tanto, su cargo no estaría vacante, lo que imposibilitaría el acceso de su sucesor al puesto.
Caso Zoraida Ávalos
La inhabilitada magistrada sostiene que este planteamiento se basa en un precedente relacionado con la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ávalos, donde la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación determinó que la inhabilitación no generaba una vacante para un fiscal supremo titular.
Inés Tello, con el apoyo de su abogado José Omar Cairo, busca que se reconozca su continuidad en la Junta Nacional de Justicia, cuestionando la legalidad del proceso llevado a cabo por el Congreso.
