Incendio en Las Malvinas: lo que dijo Coico a las autorides
Dueño de las empresa JPEG se puso a derecho, pero quedó en libertad a las pocas horas
Jhonny Coico. Cuarto Poder
“No han estado trabajando conmigo, sino que les hice un favor, habrá sido una hora que estaban trabajando conmigo, me pidieron un favor” es lo que dijo Jonny Coico Sirlopu, a las autoridades el viernes por la noche. Se presentó en la sede de Seguridad del Estado en Pueblo Libre.
Coico llegó en compañía de su esposa Vilma Zeña, quien se movilizaba en una silla de ruedas debido a sus cinco meses de gestación, según afirmó. Ambos son acusados, en diferentes tonos, de ser los responsables de la muerte de los jóvenes Jorge Luis Huamán y Jovi Herrera, los chicos carbonizados en el incendio de la galería Nicolini, la semana pasada.
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La opinión pública esperó ocho días para que esta pareja se pusiera a derecho, pero el viernes lejos de producirse cierto acto de justicia, la fiscalía dejó que tanto Coico como Zeña se fueran a su casa, a pesar de los numerosos indicios en su contra. Los citaron para el lunes por la mañana. El motivo: no tener abogado, en ese momento. Una situación legal que parecía ser conocida por los imputados, según se observa en estos videos.
Así, corriendo como quien ve un aparecido, Coico trató de evadir a los medios de comunicación el pasado viernes por la noche. Más allá de la aparente ineficacia de la justicia para con él, su situación es sumamente compleja. Y es que, en buena cuenta, fue el empleador informal de Jorge Luis y Jovi, las víctimas del siniestro en el Cercado de Lima. La persona que los mantuvo en condiciones laborales dignas de la época colonial. El hombre que ese jueves le metió candado al almacén que subarrendaba a otro informal y en donde estos chicos trabajaban falsificando marcas de fluorescentes.
La realidad les ha da la razón a los deudos. El miércoles pasado, fiscales, bomberos y efectivos policiales llegaron hasta el quinto nivel de la galería Nicolini, al limbo de almacenes y containers donde estos muchachos fueron vistos suplicando por un rescate que nunca se produjo. La perspectiva no podía ser más siniestra.
Los candados y cadenas en las puertas no dejaban lugar a dudas, era imposible que las patadas lograran doblegar ni lo que el fuego no pudo horas después. En el container, los restos de los chicos se encontraron en medio de una piscina de fluorescentes derretidos.
Lo dice el representante de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, hoy también en el ojo de la tormenta, debido no solo a la particular situación que vive con respecto a sus trabajadores y la huelga planteada hace unas semanas, sino también por la aparente falta de rigor en la supervisión de la situación laboral de las personas en lugares como Las Malvinas.
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Según datos proporcionados por la propia SUNAFIL, en lo que va del año 443 empresas han sido denunciadas en materia de seguridad y salud para con sus trabajadores. De ese total, y luego de una inspección, 138 empresas fueron pasibles de denuncias formales. Sin embargo, admiten que una situación como la de los chicos de Las Malvinas no la tenían registrada. Aseguran que, solo en esta semana, han recibido ya 25 nuevas denuncias que van en esa dirección:
La realidad destapada en Las Malvinas provocó una ola de inspecciones en toda Lima Metropolitana. La municipalidad de Castañeda Lossio efectuó una serie de operativos en Mesa Redonda y otras zonas de Lima que evidenció bombas de tiempo por doquier. Espacios utilizados de almacenes que no tienen la mínima autorización supervisión para ser usados como tal. Y personas que trabajan fuera de la legalidad laboral. Está claro que si las instancias correspondientes como la municipalidad, la Sunafil y el Ministerio Público no se juntan para actuar, las proyecciones de control serán muy limitadas.
