La reciente aprobación de una pensión vitalicia para el ex presidente Alberto Fujimori ha desatado una ola de controversias y acusaciones que han sacudido el ámbito político peruano.
Cuarto Poder reveló que el proceso para conceder esta pensión se realizó en un tiempo récord, lo que ha levantado sospechas sobre la transparencia y la legalidad de la decisión.
La pensión, que asciende a 15,600 soles mensuales, fue aprobada en un sorprendente lapso de solo 11 días, una agilidad que contrasta marcadamente con la tramitación de otros beneficios similares. Este rápido proceso fue concluido con la firma del documento que notificó a Fujimori sobre la aprobación de su solicitud, un documento que permaneció en secreto hasta esta semana.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, declaró a Cuarto Poder que el proceso fue transparente y que él mismo se enteró de la decisión recientemente, aunque se desempeña como presidente del Congreso. Según Salhuana, el Parlamente actúa siguiendo la ley y los procedimientos establecidos, y cualquier decisión tomada por los organismos competentes debe ser respetada.
Sin embargo, la transparencia del proceso está siendo cuestionada debido a la participación de figuras vinculadas al partido político 'Alianza para el Progreso', de César Acuña.
Haidy Janett Figueroa Valdez, jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso y miembro de dicho partido, firmó el documento final que aprobó la pensión. Aunque Figueroa Valdez negó su afiliación política en su declaración jurada más reciente, documentos del Jurado Nacional de Elecciones confirman su militancia en Alianza para el Progreso desde 2014.
La controversia se agrava con el hecho de que el abogado que sustentó legalmente la solicitud de Fujimori, José Rubio Preciado, trabajó en el Congreso solo tres meses y fue cesado poco después de emitir el informe legal favorable. Él también tuvo vínculos previos con el Gobierno Regional de La Libertad y César Acuña.
Adicionalmente, se ha revelado que el ex presidente Pedro Castillo no recibió una pensión similar debido a las acusaciones constitucionales en su contra, a diferencia de Fujimori, quien sigue teniendo condenas por corrupción. Este contraste ha suscitado críticas sobre el criterio usado para la aprobación de pensiones.
El abogado penalista Andy Carrión ha criticado la interpretación legal utilizada para conceder la pensión, argumentando que el indulto a Fujimori solo extiende la pena, no elimina la sentencia. Por su parte, Eduardo Salhuana ha reafirmado que la decisión fue tomada de acuerdo con la normativa vigente y los informes legales disponibles.
La aprobación de esta pensión ha generado un debate sobre la imparcialidad del Congreso y la influencia de los partidos políticos en decisiones de alto perfil. Mientras tanto, Fujimori continúa recibiendo no solo la pensión, sino también beneficios adicionales como seguro de salud, un vehículo oficial, y agentes de seguridad.
La controversia en torno a la pensión vitalicia de Fujimori es un recordatorio de la compleja interacción entre la política y el sistema legislativo en Perú, y plantea preguntas sobre la integridad y la equidad en la administración de beneficios públicos.
