Fujimori evalúa pedir que el fallo por la CTS a Montesinos sea anulado
El abogado del exmandatario afirma que la anulación de la condena por el caso Diarios Chicha sienta un precedente
Alberto Fujimori, preso exmandatario. Foto: Andina
Luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema anulara este martes la condena de Alberto Fujimori por el caso Diarios Chicha, la defensa legal del exmandatario evalúa pedir que sea anulada también la condena a Fujimori por el millonario pago de la CTS a su exasesor Vladimiro Montesinos.
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Paco Castillo, abogado de Fujimori, consideró que la última sentencia de la Corte Suprema es "una victoria" y una oportunidad para presentar otros recursos de nulidad contra otras condenas.
"Este fallo nos pone a nosotros a revisar todo aquello que a Alberto Fujimori se le imputa en su condición de presidente, respecto a los delitos contra la administración pública. El presidente (Fujimori) está entusiasmado con eso", declaró Castillo a El Comercio.
El caso al que se refiere es la sentencia por peculado que recibió Fujimori por autorizar el pago de US$ 15 millones a Vladimiro Montesinos por concepto de CTS. Por este hecho, al ex mandatario se le condenó, en el 2009, a 7 años y medio de prisión.
"La sentencia [del caso Diarios Chicha] dice que Fujimori no tenía custodia ni disposición de los fondos públicos. Eso sienta un precedente jurídico", afirma el abogado.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el juez supremo Javier Villa Stein, absolvió a Fujimori al considerar que no tuvo responsabilidad sobre el manejo de los S/122 millones que se desviaron —entre 1998 y 2000— de las Fuerzas Armadas y del SIN para comprar las líneas editoriales de los llamados diarios chicha.
Al ser anulada esta condena, a Fujimori solo le quedarían por cumplir dos sentencias más: la de la matanza de Barrios Altos y La Cantuta (condena de 25 años que acabaría recién el 2034) y el caso de la CTS que se cumpliría a fines de este año. Las condenas por el allanamiento ilegal a la casa de la esposa de Montesinos (Trinidad Becerra) y por el pago de congresistas tránsfugas, entre otros casos, ya fueron cumplidas.
