La Fiscalía elaboró informe sobre el caso Joaquín Ramírez y halló irregularidades

La Fiscalía de lavado de activos ha hecho una investigación exhaustiva de la historia comercial y patrimonial de Joaquín Ramírez, de su familia y otros personajes políticos como Keiko Fujimori.

Millonarias transacciones comerciales sospechosas, préstamos simulados, servicios fantasmas, compra de bienes subvaluados y venta de propiedades infladas. Este es, a grandes rasgos, lo encontrado por el fiscal Wilson Salazar y su equipo en la pesquisa a Ramírez y su entorno.

Estos detalles se consignan en un documento de mil páginas al que, luego de tres años de investigación, Cuarto Poder ha tenido acceso y que este domingo presentó en exclusiva.

La investigación comenzó tras la confesión de Jesús Francisco Vásquez, piloto amigo de Ramírez quien aseguró que este le confesó que Keiko Fujimori le había dado 15 millones de dólares para que los lavara mediante compra de grifos.

Junto al empresario Ramírez también están investigados Keiko Fujimori, su asesor Pier Figari y la esposa de Ramírez, Luisa Gamarra Castañeda. También figuran Rosa Castañeda Cubas y Nancy y Maribel Ramírez, hijas de Fidel Ramírez.

Según la tesis fiscal, la estructura de la organización estaría dividida en tres grupos. En el primero el líder era el ya fallecido Fidel Ramírez Prado, junto a su esposa Nancy Gallegos y sus hijas Maribel y Nancy.

En segundo lugar, otro grupo está formado por Joaquín Ramírez junto a su hermano Osías Ramírez, congresista de Fuerza Popular. 

El tercer grupo está encabezado por Keiko Fujimori y secundado por Pier Figari y Jaime Yoshiyama Tanaka.

La empresa Cogeco fue creada en 2005 y es dueña de uno de los grifos de la familia Ramírez. Pese a que se constituyó con un capital de mil soles por Osías Ramírez, sus ingresos se multiplicaron en poco tiempo. 

En 2010 la empresa pasa a manos de Joaquín Ramírez y en estos años Cogeco inicia una serie de compra de inmuebles que para la Fiscalía representa actos de conversión propios del delito de lavado de activos.

La Fiscalía manejaba una hipótesis inicial que tenía que ver con la obtención de un remanente de aportes presuntamente ilícitos que ascenderían a 15 millones de dólares. Estos habrían sido entregados a Ramírez para que sean invertidos en su cadena de grifos y tengan apariencia de legalidad, según se lee en el documento.

Durante los siguientes años hubo adquisición de propiedades importantes como la casa de la 5 de Bucaré, en Surco, donde se realizan varias reuniones del partido. Este y otros predios fueron comprados por Lima Ingeniería y Construcción, sociedad anónima propiedad de Joaquín Ramírez que después lo cedió a Fuerza Popular.

"Fue comprado por Lima Ingeniería no recuerdo a quién se lo compró, pero era de descendencia asiática…(esta operación) representaba una oportunidad interesante para negocio inmobiliario", explicó Ramírez sobre la compra de este predio.

Según la tesis fiscal, también se habría usado a la universidad Alas Peruanas, propiedad de los Ramírez, para crear empresas y convertirse en proveedores de la casa de estudios.

También hubo otras compras sospechosas como la de una propiedad ubicada en la cuadra 26 de la avenida Salaverry  y que fue hecha por Alas Peruanas en 1 millón 800 mil dólares. Luego de seis años, el inmueble fue vendido a Lima Ingeniería y Construcción, la compañía de Ramírez.

Seis meses después, en 2012, el empresario vendió la casa en 12 millones de dólares, obtuvo una ganancia neta de poco más de 10 millones de dólares. La Fiscalía considera que los documentos mencionados por Ramírez sobre estas transacciones serían inexistentes y que habría una necesidad de dar legalidad a un hecho que "no se habría producido en la realidad".

El abogado de Ramírez, José Castillo Alva dijo a Cuarto Poder que no tenía autorización para emitir una declaración al respecto. Por lo pronto, el fiscal Wilson Salazar ha pedido al juzgado el levantamiento de la inmunidad del legislador Osías Ramírez Gamarra, el hermano de Joaquín Ramírez.

El demoledor documento firmado por la fiscalía de lavado de activos analiza a fondo las abultadas cuentas bancarias, inmobiliarias y sospechosas operaciones comerciales que tiene contra las cuerdas a varios miembros del partido naranja.

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