Oficial mayor del Congreso fue denunciado por Fiscalía tras caso de computadoras

Ministerio Público lo denuncia por el delito de negociación incompatible tras frustrada compra de 980 computadoras

Video: Canal N

En diciembre de 2016, José Cevasco Piedra, oficial mayor del Congreso, sostenía que el proceso de compra de computadoras había sido llevado “con legalidad y no existía corrupción de funcionarios en el Congreso”; sin embargo, hoy la Fiscalía Anticorrupción le enmienda la plana y lo denuncia por el delito de negociación incompatible por la frustrada compra de 980 computadoras valorizadas en cinco millones de soles. 

Además del oficial mayor, están incluidos 5 funcionarios del Congreso en la formalización de investigación preparatoria. Según el documento fiscal, Cevasco se habría interesado de manera indirecta en la contratación a través de la modalidad de convenio marco, para la adquisición de 980 computadoras para el Congreso de la República con la finalidad de obtener un provecho económico indebido en su favor o en favor de los postores Compured y Grupo Coresol SAC.
 
LEECanastas navideñas: denuncian a oficial mayor del Congreso por negociación incompatible

Por su parte, la abogada de Cevasco Piedra, María del Carmen Tincoso, afirma que Cevasco “no se ha interesado como dice la Fiscalía (…) este es un tema que lo ha visto directamente el departamento de logística porque es el área encargada es el departamento de logística el que ha llevado a cabo todo el proceso de adquisición de computadoras”.

Al respecto, Sergio Romero, entonces jefe del Departamento de Logística del Congreso, respondió que “la compra ha sido regular, esta compra se ha realizado dentro del marco de la ley de contrataciones y las directivas emitidas por el OSCE de esa fecha. Esta compra ha sido totalmente regular y transparente”.

El escándalo público del caso provocó que el proceso fuera anulado. El Ministerio Publico dispuso el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones de los investigados y los representantes de las empresas con las que se iba a ejecutar el contrato; la investigación preparatoria tiene un plazo de 120 días. 

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