Empresario utilizó los contactos de Sada Goray en la SBN para mantener la concesión de un terreno del Estado

Una gigantesca edificación en medio de un distrito con múltiples carencias. A simple vista una moderna construcción destinada a traer desarrollo y progreso a los vecinos de Villa María del Triunfo (VMT). Un centro comercial con iluminados pasadizos y cómodas y espaciosas tiendas que se ha visto involucrado en una historia de presunto pago de sobornos, en la que aparece un nuevo empresario de la construcción. Quien al mismo estilo de la hoy detenida Sada Goray se habría favorecido con terrenos del estado a cambio del pago de jugosas coimas, de acuerdo con un nuevo testimonio de un colaborador eficaz.  

Se llama Moisés Bravo Hinostroza, ha sido funcionario en el gobierno de Pedro Castillo. De marzo a octubre del 2022 ocupó el cargo de director de Infraestructura Hidráulica y Riego en el Ministerio de Agricultura. Pero dice no saber lo que significa Sarratea. No sabe dónde queda, no sabe lo que ocurría en la casa que fue bunker de Pedro Castillo a inicios de su mandato.    

Bravo, un ingeniero civil de 66 años es propietario de MB ingenieros asociados S.A.C., empresa que tiene hasta el 2050 la concesión de este terreno en el que se construyó este centro comercial en VMT.

Pero Bravo parece estar en problemas. Según ha relatado un colaborador eficaz desde Punta Cana en República Dominicana, utilizó la misma modalidad, los mismos contactos, las mismas personas que Sada Goray en la Superintendencia de Bienes Nacionales para conseguir que este terreno no regrese al Estado y pueda mantener su concesión 35 años.

El colaborador precisa además que esta decisión fue refrendada por la misma funcionaria que hoy es investigada en el caso de Sada Goray por sus decisiones a favor de la empresaria por unos terrenos en Chilca.

Pero, ¿por qué era crucial para Bravo que la Superintendencia de Bienes Nacionales no revierta el terreno de Villa María del Triunfo al Estado?

Todo se remonta al 2008, ese año, la Superintendencia de Bienes Nacionales le entregó en cesión de uso a la Municipalidad de Villa María del Triunfo este terreno de 22 mil 500 metros cuadros para la construcción de un complejo deportivo comercial. El 70% del terreno debía ser destinado para un área deportiva, y el 30 % para capacitación de empresarios, comercio, restaurantes, entre otras cosas.

Para concretar la obra, el municipio le entregó el terreno en concesión por 35 años a la inmobiliaria pazos de propiedad de Bravo Hinostroza, quien luego decidió traspasar la concesión a otra de sus empresas, MB Ingenieros. 

Pero en vez de cumplir los fines para los que se cedió el terreno a la municipalidad, se hizo todo lo contrario. Un enorme centro comercial se construyó en la mayor parte del predio, y sólo en 30 por ciento del lugar se hizo esta cancha deportiva que ni siquiera ha sido terminada a pesar de los años transcurridos.

En el 70 por ciento restante del terreno se construyó el centro comercial Real Plaza después que MB ingenieros, la empresa de bravo, llegara a un acuerdo con Supermercados Peruanos. Los beneficios de ese acuerdo no alcanzan a la municipalidad.

Eso hizo que, en el año 2019, la gestión del alcalde Eloy Chávez cancele el contrato entre Bravo y Supermercados Peruanos por considerarlo irregular. Se fueron a un arbitraje, pero el municipio perdió.

Pero en julio del 2021, el caso dio un giro inesperado. Después de que una inspección de funcionarios de la Superintendencia de Bienes Nacionales comprobó que en el terreno se había construido un centro comercial y que no se estaba cumpliendo la finalidad para la que fue transferido el bien, se decidió revertir al Estado los 16 mil metros cuadrados de terreno sobre los que se había levantado el centro comercial. Lo hizo a través de esta resolución del 9 de julio del 2021, firmada por Carlos Reátegui, entonces subdirector del Patrimonio Estatal. Solo se dejó en concesión la pequeña parte de la cancha deportiva. Ante ello, tanto el municipio como la empresa de Bravo, pidieron que se revise la decisión, no una sino en varias oportunidades.

Aquí empiezan las coincidencias con el caso Sada Goray de los terrenos de Chilca por los que pagó sobornos a Salatiel Marrufo para resolver una superposición con un terreno del Estado.

Marina Aglae Subiría Franco fue nombrada directora de gestión de Patrimonio Estatal de la SBN el 10 de marzo de 2022. Seis días después bravo vuelve a pedir que se revise el caso. Pese a las cuatro decisiones anteriores de la misma entidad, el 25 de abril de 2022, marina subiría firma una resolución en contrario y decide que el terreno donde está construido el centro comercial no debía regresar al Estado. Había fallado a favor de bravo y su empresa MB Ingenieros.

Pero hay otra coincidencia importante. La decisión de subiría a favor de Bravo y de MB Ingenieros se basó en un informe legal elaborado por la abogada flor olivera, la misma que opinó a favor de Sada Goray en el caso de los terrenos de Chilca y que ahora justamente está investigada por la fiscalía dentro del mayor caso de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo.

Las extrañas coincidencias entre el caso del terreno de Chilca de Sada Goray y el terreno de VMT de Moisés Bravo son muchas. Dos casos de empresarios constructores que buscaron similar solución para situaciones que podrían terminar también de la misma forma.