Detención del alcalde de San Isidro revelaría aportes ilícitos para campañas electorales
Las presuntas irregularidades cometidas por la organización criminal encabezada por el alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres habrían sido destinadas a dos campañas electorales de San Borja y Miraflores, según revelaron testigos protegidos.
El martes último, mientras los vecinos de esta apacible zona de San Isidro dormían en perfecta calma, el silencio de la madrugada se rompió con un inesperado movimiento policial.
Augusto Federico Cáceres viñas, sesenta y nueve años, médico, empresario y político de las filas de Acción Popular y actual alcalde del distrito más exclusivo de Lima, luce sorprendido, rodeado en medio de la madrugada por agentes de la policía y fiscales contra la corrupción.
El alcalde de San Isidro, el mismo que declaró persona no grata en su distrito al presidente Pedro Castillo por sus vínculos con actos de corrupción, cayó precisamente acusado de corrupción y ahora integra una terrible lista que desde el año 2018, suma a más de 71 alcaldes detenidos por el delito de corrupción.
Cáceres Viñas es acusado por la fiscalía de encabezar una presunta organización criminal, dedicada a favorecer en el año 2021, a un consorcio compuesto por las empresas C & E Corporation S.A.C. y Terra World Corporation S.A.C. con un millonario contrato que supera los 48 millones soles, para el mantenimiento de todas las áreas verdes del distrito de San Isidro.
“El alcalde por ser la máxima autoridad del distrito tenía pleno conocimiento de la ejecución del proceso de selección y también por supuesto ya de la ejecución del servicio en sí (…) es un contrato que tiene que ver con un presupuesto muy fuerte y que va a comprometerlo por 3 años consecutivos”, indicó el General Fredy López, jefe de la Dircocor.
Tres días antes de la firma del contrato, una reunión llevada a cabo en el piso 8 de la municipalidad de San Isidro, entre el alcalde Augusto Cáceres, la Gerente Municipal Nancy Ninapaitan; Cecilia Loayza, Gerente de Gestión Ambiental, Manuel Anaya, gerente de Ética e integridad, Mariella Hidalgo, Gerente de Administración y Finanzas, y el Subgerente de Logística, Esther Baylon, hoy todos detenidos, fue clave para la firma de dicho contrato con el consorcio.
“Se gesta una reunión donde participa el alcalde y otros funcionarios precisamente con la finalidad de que se den indicaciones de que se tiene que subsanar no se puede perder la firma del contrato esta es información que la tenemos de testigos protegidos y colaboradores, explicó Luis Alberto Medina, fiscal adjunto provincial anticorrupción.
“La OCI le hace llegar esos informes al alcalde, él tenía conocimiento que no se debía de firmar que había que absolver esas irregularidades. Además de eso él participa de esta reunión que le he señalado, él participa. Según la hipótesis que tenemos él da las indicaciones que el contrato se tenía que firmar sí o sí, esos son los hechos que tenemos contra él”, agregó el representante del Ministerio Público.
Una adjudicación con irregularidades desde antes de ser otorgada la buena pro a dicho consorcio, manchada por la sombra de la corrupción, detectada y alertada a tiempo por diversos informes de la contraloría, enviados directamente al alcalde Augusto Cáceres. Pero nada ocurrió.
“Lo que le decimos al alcalde, al titular porque dirigimos todos los informes al titular de la comuna, que este postor no cumplía los requisitos (…) Habían DNI y colegiatura de una persona que correspondían a otra, eso hemos podido validar y está en el informe escrito. En los tres informes de hitos de control hemos encontrado temas por ejemplo que las cisternas parte del equipamiento estratégico no tenían logos, hemos encontrado 3 cisternas en una cochera privada. Parte del equipamiento estratégico es una grúa y esta grúa en diferentes oportunidades, está consignado en el informe, hemos encontrado por las coordenadas que no estaba en San Isidro, sino que estaba en Lurigancho – Chosica”, reveló Alberto Arteaga, Gerente Regional de Lima Metropolitana.
Si esto no alarma a los vecinos de San Isidro, escuche la siguiente irregularidad detectada por la Contraloría. “En el monitor aparentemente una cisterna que estaba por una calle determinada regando porque parte del mantenimiento es las cisternas que riegan. Cuando la comisión ha ido a ver no encontró ninguna cisterna encontró una cúster tenía el GPS pero no estaba haciendo la labor”, señaló el funcionario de Lima Metropolitana.
Según la resolución judicial número 1, de fecha veinticinco de noviembre pasado a la que tuvo acceso Cuarto Poder, se detalla lo dicho por el colaborador eficaz ante los fiscales, que los diversos favorecimientos otorgados por la municipalidad de San Isidro al consorcio San Isidro Verde habrían servido también para el irregular financiamiento de dos campañas políticas, la del investigado Manuel Masías como candidato a Miraflores y la del hoy electo alcalde de San Borja, Marco Antonio Álvarez.
Según lo dicho por el colaborador eficaz, el nexo con la hoy detenida Cecilia Loayza Pinedo, gerente de gestión ambiental de San Isidro y otros, para hacer llegar los aportes ilícitos a dichas campañas políticas habría sido a través del también investigado Eduardo Bocanegra, quien ha sido asesor del hoy alcalde de San Borja Marco Antonio Álvarez.
El pasado 9 de noviembre, los agentes de la dirección de inteligencia de la policía, Dirin, captan la rutina del alcalde, Cáceres Viñas subiendo despreocupado a su lujoso vehículo como cada mañana. En paralelo, otro grupo de policías registraba cada movimiento de la hoy detenida Gerente Municipal de San Isidro.
Una trama lamentablemente muy conocida. Decenas de alcaldes son detenidos por actos de corrupción en todo el Perú, como Augusto Cáceres, cabeza de uno de los distritos más poderosos del país y que, sin embargo, hoy enfrenta un pedido de prisión preventiva ante las evidencias de corrupción, la misma corrupción que antes él señalaba con el dedo acusador.