Defensoría del Pueblo: Continúa vulneración de derechos de más 15 000 personas tras derrame de petróleo

Al cumplirse 100 días del derrame de petróleo ocurrido en el terminal portuario de la Refinería La Pampilla del Grupo Repsol, la Defensoría del Pueblo organizó un encuentro virtual que tuvo como objetivo exponer las principales recomendaciones realizadas a las diferentes autoridades competentes.

En ese sentido, se observó con preocupación que, pese al tiempo transcurrido, aún no existe un pronunciamiento de alguna autoridad del Gobierno que dé cuenta de la eficacia de las acciones de limpieza de las zonas marino-costeras afectadas por el petróleo vertido al mar; aún cuando continúan reportándose impactos ambientales y sociales, como consecuencia del desastre ambiental.

El evento, que reunió a representantes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), permitió a la Defensoría del Pueblo llamar la atención respecto a la falta de tecnología disponible, por parte de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi), para determinar de manera inmediata la magnitud del desastre, lo cual podría haber permitido que se desplieguen acciones oportunas para atender la emergencia y evitar mayores impactos.

Ello, luego que se conociera que el derrame ascendía a cerca de 12 000 barriles de crudo, y que la empresa Repsol advirtió inicialmente que la cantidad vertida al mar era menor a un barril.

Además, se hizo énfasis en que las consecuencias del desastre aún persisten. “Los impactos afectan la economía de más de 15 000 personas, ya que su sustento diario estaba relacionado con actividades vinculadas al mar o relacionadas a este medio.

Asimismo, dichos impactos recaen sobre más de 15 000 hectáreas, que comprenden 46 playas y dos áreas naturales protegidas; y la fauna silvestre, causando la muerte de cerca de 900 especímenes”, explicó Lissette Vásquez, adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo pidió al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) elaborar y aprobar un protocolo para casos de emergencias ambientales. Asimismo, exhortó al Ministerio de Defensa actualizar el Plan Nacional de Contingencia ante casos de derrames de petróleo y de otras sustancias nocivas, a fin de que se constituya como un instrumento clave para la articulación de todos los sectores en casos similares.

En su participación, el OEFA señaló que se encuentran en el proceso de verificación respecto de las 23 playas reportadas limpias por Repsol, con un avance de 20 zonas. Al respecto, desde la Defensoría del Pueblo se instó a agilizar dicho proceso, con la finalidad de requerir a la empresa el plan de rehabilitación que garantice la recuperación de los ecosistemas impactados.

De otro lado, Indeci señaló que a la fecha se han registrado más de 5000 jefas y jefes de familia afectadas/os, procedentes de los distritos de Ancón, Santa Rosa, Ventanilla, Chancay y Aucallama. Sobre el particular, la Defensoría del Pueblo recordó la necesidad de que se apruebe un marco normativo que autorice a dicho organismo poner a disposición de los gobiernos locales y regionales los bienes de ayuda humanitaria de los almacenes nacionales de defensa civil, para la atención de la población afectada en sus medios de vida, sin perjuicio del deber de la empresa de compensar y garantizar una justa indemnización para los afectados.

En la misma línea de lo sostenido por la Defensoría del Pueblo, el representante de Naciones Unidas resaltó la imperante necesidad de implementar el enfoque de derechos humanos en la actuación de las empresas, a fin de que se garantice el derecho a la información y participación de las personas afectadas, así como el acceso a los mecanismos de rendición de cuentas y a la justicia para las víctimas, con especial atención a los grupos de especial vulnerabilidad como mujeres, niñas, migrantes y refugiados.