Ministerio de Justicia lamentó que el Congreso rechace norma para deshacinar penales

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) lamentó que el Congreso haya decidido rechazar las propuestas legislativas que tenían el objetivo de ayudar a reducir el hacinamiento en los penales y en los centros juveniles en medio de la epidemia del coronavirus.

Aclaró que el Gobierno en ningún momento intentó trasladar este problema al Parlamento, pero en vista a que no se delegó al Poder Ejecutivo la competencia para variar la situación jurídica de las personas privadas de libertad (a pesar de haberlo solicitado) consideró que era necesario trabajar en conjunto, como país, para controlar y mitigar la epidemia.

En una nota de prensa, refirió que el Poder Judicial presentó dos iniciativas legislativas al Congreso, que se sumaron a la remitida por el Ejecutivo, ante la evidente necesidad de tener normas de carácter excepcional que permitan evaluar la situación jurídica de más de 35 000 personas internas procesadas y, si fuera el caso, de condenados con penas menores por delitos no graves.

El sector recordó que no se puede dejar de considerar, como han señalado organismos internacionales de derechos humanos, que “las personas privadas de libertad son seres humanos que no han perdido su condición de ciudadanos y, lamentablemente, un problema estructural de hace décadas como es el hacinamiento dificulta las acciones para combatir la pandemia”.

El Minjusdh reafirmó el compromiso del Gobierno de continuar adoptando e implementando medidas que permitan el control y mitigación de los riesgos para los internos, las internas y el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). 

Entre las medidas tomadas, señaló que están la conversión de penas por omisión a la asistencia familiar, que permite la excarcelación de quienes paguen su deuda total; la revisión de casos en la Comisión de Gracias Presidenciales para recomendar indultos y conmutación de penas; y el encargo a la Defensa Pública de presentar pedidos de cesación de prisiones preventivas para internos en condición vulnerable; entre otras. 

Finalmente, exhortó al Poder Judicial a continuar con las evaluaciones de oficio que se han dispuesto a través de una resolución administrativa emitida el pasado 7 de mayo por su Consejo Ejecutivo, y a seguir sumando para lograr controlar el problema que representa el COVID-19 en situaciones de hacinamiento.

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