Hoy:

    COVID-19: Cárceles en el país son una bomba de tiempo ante posibles contagios

    Hay más de 97 000 internos cuando la capacidad es solo para 40 000. El aumento de casos preocupa a trabajadores y reos

    Cárceles del país en riesgo. Foto: Cuarto Poder

    Las cárceles en el país son una bomba de tiempo. En los 68 penales del país hay 97 111 internos y unos 10 000 trabajadores del INPE que son los únicos que salen y entran, porque las visitas a los reos han sido suspendidas debido a la emergencia por coronavirus.

    Desde que se inició el estado de emergencia se han producido 9 motines. El saldo: cinco presos muertos y varios agentes penitenciarios heridos.

    Uno de los grandes problemas es que la capacidad de los penales está sobrepasada: hay más de 97 000 internos cuando los penales en su conjunto solo tienen capacidad para albergar a 40 137.

    El hacinamiento es del 140 %, aunque cada penal es un mundo y tiene sus propias estadísticas. En el de Chanchamayo hay 538 % de hacinamiento, mientras que en Sarita Colonia, 463 %.

    Sin contar con el coronavirus, hay 11 536 presos con enfermedades crónicas, 4701 adultos mayores, 160 madres con niños en penales y 42 gestantes.

    Según el Ministerio de Justicia hay dos trabajadores del INPE fallecidos a causa del COVID-19 y unos 70 infectados, 11 de ellos están hospitalizados.

    El sindicato de trabajadores del INPE ha anunciado que denunciará a la institución penalmente por exponerlos al riesgo. Mientras tanto, el INPE busca la manera de dotar a su personal con seguro complementario de riesgo.

    También se han pedido 13 000 pruebas rápidas para hacer descartes y una remuneración extra. El ministro de Justicia ha señalado que se ha pedido un bono en dos armadas de 700 soles, pero aún no hay respuesta.

    Hay más de 90 000 internos y 11 000 trabajadores con sus respectivas familias, una población de 300 000 personas aproximadamente. Aunque ya se han comprado implementos de seguridad para el personal que aún no llegan, las medidas son insuficientes.

    Por otro lado, 30 000 personas están con detención preventiva y se ha pedido a los jueces de oficio que revisen sus casos y que las medidas sean variadas en caso así lo consideren. 

    Por ahora solamente se ven casos mediáticos como los de Susana Villarán o Keiko Fujimori, sin embargo hay una población que espera y la situación cada vez parece más compleja.

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