Contraloría pide que TC resuelva pronto aclaración sobre capacidad sancionadora

El contralor Nelson Shack manifestó su preocupación por la demora del Tribunal Constitucional (TC) para responder el recurso de aclaración presentado a fin de precisar los alcances de la sentencia que suspendió la capacidad sancionadora administrativa de la Contraloría, hasta que las conductas infractoras sean tipificadas en una ley.

Señaló que, si bien la sentencia no tiene efectos retroactivos para los casos de funcionarios sancionados, ya se han recibido cerca 600 solicitudes para declarar la nulidad, suspensión y el archivamiento de procedimientos administrativos sancionadores (PAS) que se encontraban consentidos o en trámite, lo que sostuvo podría incrementar la sensación de impunidad.

Indicó que dichas solicitudes involucran a más de 15 mil funcionarios públicos a quienes se ha identificado posible responsabilidad administrativa como producto de auditorías de casos emblemáticos.

“Esperamos que el TC pueda resolver prontamente el recurso de aclaración respecto de la sentencia emitida en la que, si bien reconoce la capacidad sancionadora de la Contraloría, declara inconstitucional el catálogo de sanciones, para que estén claras las consecuencias y la aplicación práctica de su sentencia”, dijo Shack desde Pucallpa.

“Hay muchas interpretaciones de estudios jurídicos no solo sobre los casos en marcha, sino que postulan que las sanciones ya ejecutadas se dejen sin efecto”, manifestó el Contralor.

Además, Shack Yalta reiteró al Congreso su solicitud para que se debata prontamente el proyecto presentado por la Contraloría que tipifica las conductas infractoras, integrándolas en una ley. 

Como se recuerda, el pasado 27 de abril, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, anunció que quedaba suspendido el fallo de este organismo que declara inconstitucional las infracciones sancionadoras por la Contraloría, establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control.

Según refirió, esta decisión se tomó luego de acoger a trámite el pedido de aclaración formulado por la Contraloría contra el fallo publicado por una demanda del Colegio de Abogados de Arequipa contra la referida norma.

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