Consejero legal de padre de ministra de Economía: “Empresa estaba impedida de contratar con Estado”
El abogado César Azabache es el consejero legal de Jorge Alva Hurtado, padre de la ministra de Economía, María Antonieta Alva
El abogado César Azabache es el consejero legal de Jorge Alva Hurtado, el padre de la ministra de Economía, sobre quien recae un serio cuestionamiento, pues la empresa Hidroenergía Consultores en energía, en la que aparece como socio fundador, firmó un millonario contrato con el Estado en noviembre pasado, cuando su hija ya había sido nombrada titular del MEF. Hecho que contraviene abiertamente la normativa vigente.
“Hasta que la matrícula se cancele, la empresa además está impedida de contratar con el Estado y el ingeniero Olazábal no ha debido, firmar o autorizar que se firme, lo que haya sido, una declaración pretendiendo que no hay impedimento, cuando lo hay”, dijo César Azabache, consejero legal de Jorge Alva Hurtado.
El 27 de noviembre, el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) le otorgó la buena pro al Consorcio Geoservice – Hidroenergía para que brinde servicios de consultoría. El monto del contrato fue por un millón y medio de soles. Una de las empresas consorciadas tiene como socio fundador y accionista a Jorge Alva Hurtado, el padre de la titular de Economía, María Antonieta Alva. La ley de contrataciones del Estado prohíbe que los familiares de los ministros sean proveedores del Estado.
Según el consejero, Jorge Alva Hurtado desconocía este contrato con el Estado porque en medio de todo esto hay una controversia legal entre socios que lleva varios años sin resolverse.
“Hay un expediente que contiene la controversia del medio millón de soles que ambos sostienen, que se discute en sede laboral”, señaló Azabache.
La demanda existe. Fue ingresada el 30 de octubre de 2019 y trata sobre el pago de beneficios sociales y otras indemnizaciones por un monto de 787 mil soles a favor del padre de la ministra.
“En el 2015 se suspendieron los ingresos, las remuneraciones y no volvió a haber una junta de accionistas en la empresa. Él está obligado a hacerlo (colocar que es accionista del 90%) hasta que la matrícula se cancele ”, dijo el abogado.
Por lo tanto, al no estar resuelta dicha controversia entre socios, el contrato que la empresa firmó con el Estado, jamás debió concretarse.
“En resumen, esa empresa no debió postular a ningún contrato a ninguna relación con el Estado”, indicó César Azabache.
Intentamos también recoger la versión de Juan Olazábal Álvarez, el socio de Alva Hurtado, pero nos respondieron que estaba resfriado. Por lo pronto, el organismo encargado de las contrataciones del Estado ya inició las respectivas investigaciones.
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