Congreso solicitó al TC anular sentencia judicial que dejó sin efecto investigación contra la JNJ

El Congreso de la República, a través de su Procuraduría Pública, pidió al Tribunal Constitucional (TC) dejar sin efecto la sentencia del Poder Judicial que ordenó la anulación de la investigación parlamentaria contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con el cual se pretendía destituir a todos los magistrados que la conforman.

"Solicitamos que [...] se disponga la inmediata nulidad de la sentencia contenida en la resolución N.º 8 de fecha 11 de diciembre de 2023, emitida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima [...] por contravenir flagrante y expresamente el antedicho fallo constitucional, su autoridad de cosa juzgada constitucional, por no haber siquiera citado dicho fallo que data del 23 de febrero del 2023, y por constituir una clara vulneración a la interpretación constitucional dispuesta en resolución firme, por el propio Tribunal Constitucional, y porque en los hechos dicha sentencia de la Corte Superior ha depuesto, subrogado y anulado la sentencia competencial del TC", se indicó en el oficio.

Cabe señalar que, en el documento que lleva la firma de Manuel Peña Tavera como procurador público del Congreso de la República, se argumentó también que, si el TC decide rechazar la solicitud del Parlamento admitirían "una situación de anarquía, directamente lesiva al Estado de derecho", se señaló.

Es preciso indicar que el pasado 2 de febrero, La Tercera Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Lima declaró fundada en parte la demanda interpuesta por los miembros del pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el Congreso de la República por la investigación sumaria que les abrió esta institución en setiembre de 2023.

Además, se exhortó al Parlamento Nacional a que legisle sobre la tipificación de las conductas de los miembros de la JNJ que constituyen una "causa grave" para la remoción en sus cargos.

De acuerdo con el documento, la JNJ acreditó que el referido grupo de trabajo del Congreso "afectó el principio constitucional de tipicidad o taxatividad, los derechos constitucionales de los demandantes a la defensa y el procedimiento predeterminado".

"Con la presente sentencia no se busca promover la impunidad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, menos interferir en las competencias constitucionales del Congreso de la República, tan así, que sin perjuicio de todo lo considerado y decidido, se deja a salvo todas las investigaciones o procedimientos parlamentarios que sobre aquellos recaen en la actualidad o puedan recaer en el futuro", se indica en la mencionada resolución.