Condenados al regreso: El traslado de reos extranjeros que busca deshacinar los penales en Perú

19 ciudadanos españoles sentenciados por tráfico de drogas fueron incluidos en la lista de penados a ser devueltos a España. En predios del terminal aéreo del Callao, personal del INPE puso a los reos en manos de la Policía y del Consulado de España

Salir de Lima, rumbo al norte, no siempre es sinónimo de libertad. A la altura del kilómetro 45 de la vía Panamericana, un desvío lleva hacia dos fortines que contrastan con la endeble arquitectura que se extiende sobre el arenal. Son las cárceles ubicadas en la zona conocida como ‘Piedras Gordas’, presidios que han visto tras sus rejas a lo más execrable de la sociedad peruana, políticos incluidos. 

Uno de estos recintos es el penal ‘Ancón II’, estructura de cemento y hormigón inaugurada en el 2010, donde la seguridad es extrema. Dividido en cuatro módulos, el lugar puede albergar a más de dos mil personas.

Se les ha llamado de diferente manera, dependiendo del lugar: ‘burriers’, ‘camellos’ y hasta ‘anchoas’. Pero su pena, cuando fallan en la tarea encomendada, es siempre la misma: años y años tras las rejas, usualmente en un país ajeno al cual llegan con las maletas cargadas… no solo de sueños.

En total, 19 ciudadanos españoles sentenciados por tráfico de drogas, y dos más con orden de extradición por ilícitos afines fueron incluidos en la lista de penados a ser devueltos a la ‘Madre Patria’.

Pese a la asistencia policial, el convoy de presidiarios se llevó una última postal de la ciudad de los virreyes: el caos vehicular.

En predios del terminal aéreo del Callao, personal del INPE puso a los reos en manos de la Policía y del Consulado de España. Para certificar y oficializar esta entrega, asistieron la Fiscal de la Nación y el ministro de Justicia.

Se trata del cuarto traslado de presidiarios españoles como parte de un tratado binacional que busca, por parte del Perú, aliviar el hacinamiento en nuestras cárceles y a su vez mejorar las condiciones de encierro a los internos, trasladándolos a sus países de origen.

Esta transferencia de reclusos fue financiada por la embajada española en Perú: trasladar internos de otras nacionalidades a sus países de procedencia no es tan sencilo.

Las leyes españolas harán posible que algunos de estos viajantes cumplan su condena fuera de la cárcel, debido a una serie específica de beneficios penitenciarios. Las leyes peruanas, sin embargo, les prohíben terminantemente regresar a nuestro país por diez años. 

Un deseo que, ciertamente, tardará mucho en materializarse. Lo inmediato para este oscuro conglomerado de pasajeros es cruzar el Atlántico de regreso, cargando ahora, quizás, arrepentimiento en lugar de drogas, para terminar de cumplir condena cerca del terruño y de los suyos, fuera de cualquier sobrepeso o tentación de dinero fácil.