Comisión de Educación: Informe halló responsabilidad política en Pablo y 5 exministros
Ello incluye a Patricia Salas, Jaime Saavedra, Marilú Martens, Idel Vexler, Daniel Alfaro y Flor Pablo, "en relación al incumplimiento de funciones"
El informe se elevó a la Fiscalía para evaluar proceso penal. Foto: Correo
La Comisión de Educación del Congreso de la República aprobó el informe final sobre textos escolares, así lo dio a conocer la titular de dicho grupo de trabajo, Milagros Salazar, en declaraciones a Canal N.
Manifestó que tras varios meses de investigación se halló como responsables políticos a los últimos seis ministros de Educación. Ello incluye a Patricia Salas, Jaime Saavedra, Marilú Martens, Idel Vexler, Daniel Alfaro, y a la actual ministra del sector, Flor Pablo Medina.
De acuerdo a lo declarado por Salazar, "el informe se elevó al Ministerio Público" a fin de que "puedan determinar si corresponde aperturar un proceso penal a los seis ministros, por incumplimento de funciones y la no presencia de una política pedagógica nacional".
La Comisión también pidió al Congreso "la modificación del Ministerio de Educación y de la ley, pues ha vulnerado el derecho tanto de los padres como de los estudiantes, de los docentes y de una política educativa de calidad".
El grupo de trabajo inició la investigación de los textos escolares luego de encontrar un link con contenido sexual. El Ministerio de Educación reconoció dicha información y posteriormente retiró los mismos, tras lo solicitado por la Comisión.
Salazar de la Torre aseveró que "desde el 2011 a la fecha no se ha elaborado esa política educativa, por lo tanto (el Minedu) no ha garantizado que se pueda monitorear, imprimir y elaborar los textos de calidad que nuestros niños necesitan".
Añadió que "se ha evidenciado que hay una vulneración de los derechos de los padres en la educación de sus hijos y los compromisos internacionales, también se evidenció la vulneración de derechos en relación a las normas constitucionales que garantizan una educación de calidad en los niños, vulneración a la ley general de Educación y vulneración a la libertad de enseñanza en la aplicación del concepto de género, así como la vulneración del derechos a la información adecuada en el tratamiento del terrorismo.
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