Club de la Construcción: Aprueban colaboración eficaz de Copasi y pago de indemnización de más de S/84 millones al Estado

El Poder Judicial aprobó que al empresa Cosapi se convierta en colaborador eficaz en el caso Club de la Construcción. Además, se acordó a que la empresa pague una indemnización de más de S/84 millones a favor del Estado

El Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz corporativo suscrito entre el Equipo Especial “Lava Jato” del Ministerio Público, la Procuraduría Ad Hoc para el mismo megacaso de corrupción de la empresa peruana Cosapi S.A. para el caso Club de la Construcción.

En la sentencia del pasado 17 de mayo se consiguió que Cosapi, mediante un convenio, reconozca la culpabilidad por delitos de corrupción en proyectos de infraestructura que vienen siendo investigados, además de su participación en los concursos públicos de otras obras con el fin de dar la apariencia de competencia.

Por todo ello, la sentencia establece que la compañía deberá pagar al Estado peruano una reparación civil de S/ 84.3 millones en un plazo de 9 años, más intereses legales aproximados de S/ 15 millones.

Club de la Construcción: Aprueban colaboración eficaz de Copasi y pago de indemnización de más de S/84 millones al Estado

 La cuota inicial será de aproximadamente S/ 15.3 millones y deberá ser pagada a los 30 días calendario luego de la notificación que declare firme la sentencia del acuerdo.

 “Este es el tercer acuerdo de colaboración eficaz corporativo que se ha aprobado en el marco del mega caso Lava Jato. Con ello, el Estado peruano empezará a cobrar la reparación civil este año, independientemente del avance que viene teniendo el caso “Club de la Construcción” a nivel judicial”, señaló Silvana Carrión, procuradora ad hoc para el caso Lava Jato.

 El convenio también establece la creación de un fideicomiso para garantizar el pago de las 9 cuotas de la reparación civil, el cual será administrado por Cofide o el Banco de la Nación.

 Asimismo, se ha incluido una cláusula que prohíbe a Cosapi iniciar procesos arbitrales, judiciales o administrativos contra el Estado, en sede nacional o internacional, por los proyectos que forman parte del convenio.

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