César Revilla: Congreso pagará más de S/40 mil por defensa legal de parlamentario de Fuerza Popular
El congresista César Revilla pidió al Legislativo más de S/40 mil para su defensa legal en el caso 'La fiscal y su cúpula del poder'. De igual modo, se destinaría S/70 mil para el titular del Legislativo, Alejandro Soto
El Estado pagará 40 mil soles solo por la defensa legal del congresista César Revilla, quien se encuentra comprendido en las investigaciones del caso Patricia Benavides.
Se trata del caso conocido como "La fiscal y su cúpula de poder", en la que se señala como presunta cabecilla a Patricia Benavides. En dicho proceso, César Revilla es uno de los congresistas involucrados, y para ello hizo un requerimiento el 12 de abril.
Canal N tuvo acceso a la orden de servicio que fue emitida por el Congreso al estudio Loza Avalos Abogados por concepto de asesoría y defensa legal para el legislador de Fuerza Popular. En el documento figuran 40 mil 710 soles en el pedido.
Pero no sería el único caso. Según el diario La República, el Legislativo también habría solicitado los servicios de un abogado para la defensa del presidente del Congreso, Alejandro Soto, por el cual se pagaría 70 mil soles.
Son situaciones que tienen sustento y marco legal según recuerda el exoficial mayor, César Delgado, quien remarcó que es un beneficio del que gozan todos los funcionarios.
"Existe una norma que habilita la defensa legal de quienes ocupan cargos públicos cuando la defensa se requiere como consecuencia del ejercicio de la función, no para cuestiones personales", mencionó en entrevista a Canal N.
En ese contexto, el especialista aclaró que, de encontrarse culpable el funcionario, tiene una penalidad y "está obligada a devolver al Estado lo que ha pagado en su defensa".
Solo en el caso de Patricia Benavides, 14 congresistas son investigados por el ministerio público. El equipo de Canal N intentó conversar con el congresista César Revilla, quien estuvo en la sesión de la Comisión de Economía, pero no brindó declaraciones.
También se solicitó un pronunciamiento del Congreso para saber qué otros parlamentarios hicieron esta solicitud y cuál es el costo, sin embargo, al cierre del presente informe no hubo respuesta.