Censo 2017: identifican a trabajador que habría intentado sobornar a abusada

Jennifer Villena tiene 37 años y ha decidido dar la cara, como única arma para luchar por sus derechos. Ella fue abusada sexualmente durante el censo de este año y aunque el agresor directo, Marco Luza Segundo, ya está en un penal, ella siente que no es el único culpable.

Y es que ella intenta que nadie cierre el terrible capítulo que vivió, sin antes detectar y castigar también a quien intentó callarla, ofreciéndole dinero a cambio de su silencio. Asegura que le han cerrado las puertas y así intenta abrirlas.

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“Creo que esto se hizo público por lo que me pasó y ahora se está apagando todo, cómo que todos retiran sus manos, no siento el apoyo en este momento”, reclama Villena.

Han pasado dos semanas desde aquel repudiable episodio. Jennifer, como empadronadora, entró a la casa de su agresor a censar y terminó siendo violentada por Luza Segundo, quien, tras ser capturado, indignó a muchos con sus palabras.

Jennifer no solo se sintió devastada por todo lo que este hombre hizo con ella y dijo a las autoridades, denigrándola como mujer, sino por lo que esto generó públicamente.

“He visto en las redes sociales que justifican porque como tengo 37 años, las penas cambiaran (…) No hay diferencia, ante la ley todos somos iguales, para que me digan ella fue madura porque lo hizo, porque lo pensó, yo no sabía que pasaría eso”, dijo Villena. 

Esta mujer hizo lo que muchas mujeres dejan de hacer por vergüenza o porque la justicia en estos casos se vuelve ciega: denunciar, pero alguien en el interior de esta comisaría, según Jennifer intentó frenar su denuncia. 

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Ella recuerda que fueron tres personas las que se reunieron con ella en uno de los ambientes de la comisaria en Villa El Salvador, dice que se presentaron como trabajadores del INEI, pero no olvidó el rostro de uno de ellos y menos aún sus intenciones.

“Él es quien me dijo a las 5 de la tarde que me quede ahí y en la noche me ofreció mil soles (…) No me dijo su cargo solo que estaba encargado de esa zona”, contó. 

Pero, ¿quién es ese hombre? Ni las autoridades, ni el mismo INEI lo habían identificado. Jennifer, su hermano y su abogado decidieron investigar por su cuenta, terminando por dar un nombre a esta persona.

“Fue identificada plenamente por nuestro personal de investigación y responde al nombre de Segundo Sánchez Acosta, este señor acompañaba al abogado Fernando Pinillos y se acercó a la señora Villena y le propone que no realice la denuncia que se estaba formulando o que se retracte a cambio de mil soles, se trata de un funcionario que está proponiendo que no se denuncie tal atrocidad”, indicó el abogado de Villena, Ismael Arroyo Roca.  

Fuimos hasta en dos oportunidades a buscar a Segundo Sánchez Acosta para conocer su versión, pero no lo encontramos. En una vivienda en Pachacamac nos confirmaron que Sánchez Acosta es su familiar y que sí trabajó el día del censo para el INEI. Aunque no quisieron darnos mayores detalles de su ubicación, nos dijeron que en una casa al lado, es donde realmente vive.

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Según la Defensa de Jennifer, aquel día en la comisaria de Villa el Salvador, a Sánchez Acosta lo acompañaba el abogado Fernando Pinillos del INEI y una persona más. Esa tercera persona sería Edison Centurión Arizola, coordinador nacional de seguridad del INEI. Fuimos hasta esta institución para conocer su versión, pero tampoco nos dieron razón.

De una sede a otra sin ninguna respuesta, el mismo compás de espera que debe soportar Jennifer en busca de justicia, el mismo padecimiento de muchas víctimas de violación en el país.

Entre tanto, el viernes los representantes del INEI, entre ellos el renunciante al máximo cargo de esta institución, Aníbal Sánchez, se presentaron en el Congreso y dijeron que el caso de Jennifer se está investigando.

Del supuesto trabajador que habría ofrecido dinero, como ellos prefieren llamar y al que la víctima ha identificado como Segundo Sánchez Acosta, hay más. Fuentes policiales han asegurado a este programa, que este hombre sí ingresó a esa comisaria el día de los hechos como miembro del INEI, vistiendo un chaleco azul también del INEI. Que se reunió con la víctima y que lo acompañaban dos personas más, entre ellos, el coronel en retiro Edison Centurión, coordinador nacional de seguridad del INEI.

¿Cómo pudo ocurrir una violación sexual en pleno censo? Según la Defensoría del Pueblo, los protocolos de seguridad del censo estuvieron mal diseñados desde el principio, empezando por el Instituto de Estadística e Informática INEI y el Ministerio de la Mujer.

Jennifer asegura que la ayuda llegó al principio, pero ni bien capturaron a su violador y los reflectores se apagaron, se olvidaron de ella y de hallar a todos los demás responsable. La Defensoría del Pueblo ha informado al Ministerio de la Mujer que, hasta la fecha, Jennifer no ha recibido ayuda psicológica ni médica, algo vital para una víctima de violencia sexual.

Después del revuelo, el nuevo representante del INEI, Francisco Costa, ha decidido hacer frente a esta denuncia. “Se nos ha acusado de que hemos intentado darle mil soles, lo niego rotundamente. En el supuesto negado que sea un personal del INEI que le caiga todo el peso de la ley”, manifestó

Costa ha dicho que en todo momento se le brindó ayuda a Jennifer y que fue ella quien se negó a recibirla. Sobre la identidad de la persona que habría ofrecido dinero a la víctima para evitar una denuncia, dijo lo siguiente:

“Ese señor es empadronador de reserva, hemos conversado y ha negado esto (…) hay una investigación de por medio y dejemos que la justicia determine qué sanciones habría en caso de que él haya cometido ese acto que desde ya repudiamos”, precisó. 

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Asegura que tanto Centurión, Pinillos y Sánchez, sí son trabajadores del INEI e ingresaron a la comisaría, pero niega que los tres al mismo tiempo, se hayan reunido con Jennifer. Por su parte, Jennifer sigue encontrando piedras en el camino, esta vez en instancias judiciales que podrían poner fuera de las rejas a su violador.

Jennifer dice sentir vergüenza de que todos la miren y la señalen, sobre todo por sus cuatro hijos, pero no quiere ser solo una estadística más silenciada y sin derechos. Su denuncia está en el Tercer Juzgado de Familia Transitorio de Lima Sur para cerrar su círculo, para empezar a sanar, ella necesita sentir que hubo castigo para quien la violó y para quien intentó callarla sin que las autoridades y el Estado se pongan vendas en los ojos.