Hoy:

    Informe de la adenda de Chinchero contradice riesgos advertidos por Contraloría

    Según lo sugerido por la Contraloría, se debería volver al contrato inicial el cual fue observado por ellos mismos

    Contralor Edgar Alarcón. Foto: Agencia Andina
    Contralor Edgar Alarcón. Foto: Agencia Andina

    El reciente informe presentado por la Contraloría de la República a la adenda del aeropuerto de Chinchero en Cusco, caería en contradicciones con la evaluación al contrato de la misma obra. Según detalló el diario La República, las últimas recomendaciones fueron que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debía regresar a las condiciones iniciales del contrato suscrito con el consorcio Kuntur Wasi, pese a que fue considerado como lesivo para el Estado desde el 2014.

    El documento indica que el ministro de Transportes disponga “las acciones para restablecer las condiciones de competencia establecidas en las bases con las que participaron todos los postores y resultó ganador la propuesta del concesionario, así como las condiciones técnicas, legales y económicas consideradas en la propuesta del postor ganador y del contrato suscrito”. 

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    Sin embargo, en una evaluación al contrato antes de que se firme, la Contraloría detectó que no se fijaba un plazo para el cierre financiero ni un tope para la tasa de endeudamiento del acreedor y concluía en que el contrato tenía falencias y ambigüedades. Dos años después, en setiembre y octubre de 2016, la Contraloría realizó un control simultáneo en el que advirtió de riesgos y propuso sugerencias.

    Pese a estas advertencias, no se lograron mejoras y en febrero del presente año, el Estado firmó una adenda para financiar directamente el proyecto con US$ 265 millones y evitar el pago de un oneroso crédito que en intereses era de US$ 590 millones. En estos puntos se basarían las contradicciones de la Contraloría al sugerir volver a un contrato que fue previamente observado. 

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    También se puede destacar es que en las conclusiones del informe de la adenda figura un perjuicio económico de US$ 40 millones en base a una comparación de la misma con un modelo económico referencial de Proinversión y no con el contrato inicial.