Cantagallo: esta es la tragedia de los miles de damnificados

El sábado por la tarde Lizzeth celebraba sus quince años. A pesar del incendio que se llevó todo en Cantagallo y que dejó a miles de personas a la intemperie, su familia no quiso pincharle su ilusión de niña.

Sin embargo, a pesar de la torta, los bocaditos y las felicitaciones, Lizzeth no pudo evitar llorar y no precisamente de emoción. Ella y su familia también perdieron su casa en el incendio. Una tragedia que aún se respira. 

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Un día antes del quinceañero de Lizzeth, el viernes por la mañana, horas después del impresionante incendio que lo asoló, la zona del Rímac lucía en escombros.  

Como en tantas imágenes que hemos visto en las últimas semanas: la tristeza, la desolación, la confusión y una sensación brutal de desarraigo, lo dominan todo. 

En menos de dos semanas, Lima ha vuelto a ser escenario de otro incendio. Esta vez, en el sector de Cantagallo, en la ribera del río Rímac, un espacio habitado por integrantes de la comunidad shipibo-konibo desde hace más de 15 años, pero también hogar y centro de trabajo de confeccionistas y microempresarios dedicados a la ferretería y a la textilería, que también lo han perdido todo. 

Precisamente en esta zona, hacinada de viviendas levantadas a base de triplay y madera y donde funcionaban decenas de pequeñas empresas dedicadas a la confección de mochilas y otros productos textiles, es donde el siniestro habría comenzado pasada la medianoche del viernes.

Si bien aún no se ha hecho oficial se maneja la versión de que una vela prendida y un niño que se quedó dormido lo que originó la tragedia.  Según se ha podido conocer, el menor de once años presenta quemaduras de tercer grado en el 55% de su cuerpo. Hoy se debate entre la vida y la muerte en el Hospital del Niño de San Borja. Él ha sido la única víctima humana de este siniestro.

Desde la zona de los textileros, avivada por el viento, el fuego se propagó rápidamente a las partes altas, consumiendo las precarias viviendas de la comunidad shipibo–konibo. 

Las cifras son de espanto: más de 300 viviendas afectadas, dos mil personas en calidad de damnificados, miles de dólares perdidos en insumos y maquinarias y una situación social que le ha reventado al actual alcalde de Lima Metropolitana, Luis Castañeda Lossio, por más que él intente restarle sustancia a su responsabilidad.  

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Más allá de solicitudes particulares, el incendio de Cantagallo está unido intrínsecamente al fenecido proyecto Río Verde de Susana Villarán y a la serie de denuncias que han aparecido recientemente y que vincularían a Castañeda Lossio en tratos por debajo de la mesa con Leo Pinheiro, el mandamás de OAS, para no concretar Río Verde. 

Cabe recordar que desde el año 2000, en ese lugar se asentaron integrantes de la comunidad shipibo-konibo, quienes siete años después, el 2007 obtuvieron un certificado de posesión de estos terrenos, por parte de la Municipalidad Distrital del Rímac.

Paralelo a eso, en noviembre de 2009, en la segunda gestión de Luis Castañeda Lossio como alcalde, la Municipalidad de Lima firmó un contrato de concesión y explotación con el consorcio LAMSAC, cuyo accionista mayoritario era la empresa brasileña OAS para la construcción de Línea Amarilla, un ambicioso proyecto vial de 16 kilómetros, destinado a conectar Lima Este con el centro de la ciudad y con el Callao. El proyecto inicialmente afectaría la zona habitada por esta comunidad. 

En el 2011 y con Susana Villarán ya de alcaldesa, se decidió cambiar el nombre del proyecto a Vía Parque Rímac. Dos años después, en febrero de 2013, se destinaron fondos de la concesión a través de un fideicomiso de poco más de US$ 74 millones para un nuevo proyecto llamado Río Verde.

Entre las obras que se estimaban dentro de este proyecto, figuraban la creación de parques a lo largo de la ribera del río Rímac y de un complejo habitacional ubicado en Campoy, donde serían reubicadas las familias de la comunidad shipiba, entre otras iniciativas. En octubre de 2014, la Municipalidad de Lima adquiere el terreno en Campoy a través de una fiduciaria, Scotiabank, a un costo de 4 millones 600 mil dólares. Sin embargo, el inicio de obra para construir este complejo y los demás proyectos de Río Verde nunca fue suscrito ni por LAMSAC ni por OAS. 

El proyecto nunca se materializó y eso que ya se había adquirido el terreno donde se edificarían las casas de los shipibos. Finalmente se prefirió utilizar el dinero del fideicomiso en el cuestionado bypass de 28 de Julio que la municipalidad asegura costó 53 millones de dólares. Se prefirió así dejar sin casa a una comunidad entera para embarcarse en una obra que aún no concluye.

“Es mentira que acá hubiese este proyecto, no había ni zonificación, este era un terreno que no tenía habilitación urbana”, sostuvo Castañeda respecto al terreno en Campoy, echando un velo de suspicacias sobre la gestión de Susana Villarán, sosteniendo que al momento de adquirir el terreno este no estaba debidamente habilitado ni saneado ni reunía las dimensiones necesarias. 

Es más, un funcionario de la Municipalidad de Lima deslizó que en el 2011, la actual congresista Marisa Glave, entonces presidenta de la comisión de desarrollo urbano de la municipalidad durante la gestión de Villarán, habría cambiado la zonificación del predio de manera irregular, años antes de ser adquirido. Algo que la congresista Glave ha desmentido.

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Si bien nadie podría afirmar que la gestión de Susana Villarán se caracterizó por su eficacia y celeridad, ¿por qué Castañeda no solucionó esto ni bien retornó al municipio en lugar de patear la pelota a futuro? ¿Por qué si había un terreno ya adquirido no se reubicó a esta gente en lugar de hacer un bypass en el centro de la ciudad? 

La gente en Cantagallo no se quiere mover, por más que a cien metros, en Martinetti, Barrios Altos, hayan levantado un campamento provisional con agua, luz y cabinas de Disal por montón, prefieren quedarse, cercando con plásticos el trozo de terral que ellos aseguran es su hogar.