Belaunde Lossio: el prolongado tratamiento del exasesor de Ollanta Humala

Martín Belaunde Lossio en la cama del quinto piso de la clínica del Inca en Miraflores. Es el lugar donde el ex colaborador de la pareja presidencial Humala y Heredia pasa sus días de prisión preventiva desde abril de este año.

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“Lo que se busca aquí es mantenerme preso innecesariamente, tengo un problema de espalda y un problema cardiaco, no existe ningún peligro procesal y nunca ha habido lavado de activos”, es lo que alegaba Belaunde Lossio hace unos meses sobre su detención.

La declaración pertenece a la audiencia del 14 de julio de este año donde se revisaba una solicitud de prolongación de su prisión preventiva planteada por el Ministerio Público por el caso ‘La Centralita’.

El 18 de abril de este año, Belaunde Lossio ingresó al centro médico privado ubicado en Miraflores por una serie de dolencias tratables como hipertensión arterial, angina de pecho y síndrome ansioso depresivo. Desde entonces, se ha mantenido en este recinto vigilado por más de seis policías

Esta semana la fiscalía que investiga el caso Antalsis formalizó acusación en contra de él y más de 50 personas entre las que figuran, empresarios, presidentes regionales, funcionarios públicos y hasta un medallista olímpico como Francisco Boza, quien debido a este tema, pasó unas horas detenido la semana pasada.

Todos son acusados del delito de colusión por haber presuntamente favorecido a Antalsis, la empresa vinculada a Belaunde Lossio, en la obtención de millonarios contratos en las regiones del país, durante el gobierno de Ollanta Humala. Un caso que fue destapado en noviembre de 2014 por Cuarto Poder.

La Fiscalía, gracias al aporte de colaboradores eficaces, ha logrado recabar poderosa evidencia que dejaría muy mal parado a Belaunde y compañía. Sin embargo, la salud de este señor podría ser la última carta que se esté jugando para dilatar la acción de la justicia.  

Gabriel Polo, neurocirujano, se ha convertido en el médico de cabecera de Martín Belaunde Lossio. La historia de sus meses en la clínica es la siguiente: sumada a todas las supuestas dolencias cardiacas con las que entró a la clínica, a inicios de junio, a Belaunde Lossio se le detecta una hernia discal en la quinta vértebra lumbar.

Entonces, los médicos recomendaron una cirugía para extirparla. Tras una serie de retrasos, la intervención se llevó a cabo el 16 de julio, dos días después de que se realizara esta audiencia que prorrogo su detención por 18 meses más.

Un día antes, el 15 de julio, una junta médica interinstitucional había concluido que el tratamiento y los procedimientos podían realizarse de forma ambulatoria por lo que Belaunde Lossio no requería hospitalización. Algo extraño si es que fuera realmente hernia discal. Sin embargo, la operación se llevó a cabo de todas formas. Un mes después, el 18 de agosto, la clínica asegura que el paciente ya puede ser dado de alta y comunica al INPE de esto. Sin embargo, unos días después se decide suspender el alta.

“Se le encontró una hernia residual en el mismo espacio donde se le operó”, mencionó Polo.

El 15 de setiembre una junta médica interinstitucional formada por médicos del INPE y de algunos de los principales establecimientos de salud públicos concluyó que en efecto el estado de salud de Belaunde Lossio no permite que sea dado de alta “hasta el manejo adecuado del proceso inflamatorio y recuperación de su estado físico”. Belaunde Lossio ya no presentaba las dolencias con las que llegó a la clínica. Ahora solo tendría que superar el asunto de la hernia.

En estos momentos, el detenido recibe un tratamiento a base de fisioterapia para ver si la hernia mejora. De no ser así, tendría que ser intervenido quirúrgicamente, una vez más, en un postoperatorio que podría tenerlo en la clínica hasta por un año más. El INPE ha solicitado una auditoría médica al Poder Judicial para que aclare el asunto de una buena vez.

“Estamos esperando que esto se lleve a cabo a la brevedad”, mencionó la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello.

En mayo de este año, cuando aún era congresista y a pedido de la madre de Belaunde Lossio, remitió una carta al entonces jefe del INPE, Julio Magán, en donde le solicitaba verificar la conveniencia de proporcionarle un tratamiento adecuado al detenido, debido al cuadro de salud que ya presentaba. También solicitaba un informe sobre las acciones que eventualmente se tomarían al respecto. “Hice lo que me pidió la madre al igual que me piden muchas madres que visito en los penales”, mencionó la ministra.
    
Se dice que esta carta fue presentada por los Humala Heredia a mediados de julio, en una reunión con Pedro Pablo Kuczynski, para evitar que Pérez Tello fuera designada como ministra.

En agosto de este año, la madre de Belaunde Lossio volvió a escribir a Pérez Tello, quien ya estaba en el gabinete. En esta  misiva, la madre denuncia supuestas presiones por parte del entonces jefe del INPE Julio Magán, para que su hijo sea dado de alta a toda costa.

También refiere, que Belaunde Lossio denunció al entonces jefe del INPE debido a que este habría pretendido que firme un documento en el que desistía de su denuncia en contra de Humala y Nadine Heredia. Le pide a la ministra, que su hijo no vuelva a Piedras Gordas.

Pérez Tello sostiene que esto no se ajusta a la realidad y que más bien se han tomado decisiones para que Belaunde Lossio respete las condiciones del régimen carcelario en el que se encuentra y en el que tiene derecho a visitas dos veces por semana y solo por 4 horas. Algo que al parecer no se estaba cumpliendo.

La medida es importante teniendo en cuenta que a comienzos de octubre en una requisa en Piedras Gordas, a Eduardo Seclén Orrego, brazo derecho de Martín Belaunde se le encontró un celular desde donde se habría estado comunicando con otros investigados en el caso Antalsis, para coordinar acciones de defensa.  

La investigación fiscal ha determinado que Belaunde Lossio lideró una organización delictiva cuyo móvil fue defraudar al Estado, al coludirse con autoridades regionales y funcionarios públicos para obtener proyectos de infraestructura, que en su mayoría nunca fueron terminados.

El radio de acción fue Junín, Madre de Dios, Cusco y Lambayeque. En la acusación, la fiscalía presentó una serie de pruebas recabadas, como los cheques que habría cobrado Belaunde Lossio y sus allegados de parte de las empresas que ganaban las licitaciones. Estos montos correspondían a los porcentajes que les tocaba a cada uno de los implicados por las obras que de manera irregular se adjudicaban empresas como O y M Constructores propiedad de Olmer Mendoza, también implicado en esta investigación.

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Uno en especial llama la atención. El cheque por casi un millón y medio de soles,  emitido por O y M Constructores a favor de Jorge Chang Soto, abogado y amigo de Belaundo Lossio. El importe era la comisión que recibirían Belaunde Lossio y José Luis Aguirre Pastor, entonces gobernador de Madre de Dios, por una serie de obras en esta región entre las que figuraba el colegio Fitzcarrald. Este millonario pago, lo habría cobrado Chang Soto en una agencia de Prosegur, para luego ser entregado a Aguirre Pastor en este hotel de Miraflores en julio de 2012.