Hoy:

    Ana Jara: Prescripción a favor de Alberto Quimper fortalece la impunidad

    Afirmó que la decisión del Poder Judicial sobre el caso Petroaudios "causa enorme desazón a la opinión pública”  

    Foto: archivo El Comercio
    Foto: archivo El Comercio

    La decisión del Poder Judicial de beneficiar a Rómulo León (hijo) y Alberto Químper, implicados en el caso “petroaudios” durante el gobierno aprista, fortalece la impunidad y causa una enorme desazón en la ciudadanía, consideró la jefa del gabinete, Ana Jara. 

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    Jara se refirió a la decisión de la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró fundado el pedido de excepción por prescripción de Rómulo León por los delitos contra la administración de justicia y encubrimiento real en agravio del Estado. 

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    Asimismo, cuestionó el caso de Alberto Químper, coacusado junto a León, cuyo proceso fue dejado sin efecto debido a su avanzada edad. 

    “Nos fastidia el hecho de que hasta el día de hoy no haya sentencia en ese caso del gobierno anterior, a pesar de haberse denunciado desde hace años (…) Han pasado muchos años y al no existir sentencia estos personajes se han acogido a la figura de la prescripción aduciendo límite de edad; eso fortalece la impunidad y causa una enorme desazón a la opinión pública”, manifestó en declaraciones a la prensa. 

    Jara dijo que como presidenta del Consejo de Ministros está en la obligación de respetar los fallos del Poder Judicial, aunque ello no le impide reflexionar sobre la necesidad de revisar las normas vigentes para evitar que implicados en corrupción se beneficien. 

    “Es necesario un acto de reflexión para ver si es necesario revisar las leyes en materia de corrupción y prohibir determinados beneficios penitenciarios a quienes, malversando fondos públicos o a través de la figura del tráfico de influencias, lesionan al Estado”, subrayó. 

    Según la ministra, esta situación no puede permitirse, por lo cual debe ingresar a debate dentro de la agenda nacional.

    “Los juristas y principalmente los congresistas deben debatir si se permiten estos beneficios penitenciarios cuando el Estado se ve perjudicado por actos de corrupción”, añadió. 

    FUENTE: ANDINA